PSOE y sindicatos critican la Ley Universitaria de Andalucía por debilitar a la pública

La secretaria de Universidades Públicas, Ciencia e Innovación del PSOE de Granada, Arantxa Urrea, ha advertido que el proyecto de la nueva Ley Universitaria para Andalucía «pone a las universidades andaluzas bajo el control político de la Junta y da espacio a las privadas en órganos decisivos, como el Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria, donde podrán influir en decisiones clave de la universidad pública, algo inaceptable en un sistema público».

Enmienda a la totalidad del Grupo Socialista

Junto a Urrea, el secretario de Universidad del PSOE de Andalucía, Jorge Ibáñez, participó en un encuentro con representantes sindicales y estudiantiles, y explicó que el Grupo Socialista ha presentado una enmienda a la totalidad para que decaiga el proyecto de ley.

«El PP quiere aprobar una ley que cambia el modelo universitario andaluz a peor: sin compromiso sobre financiación y con más peso de los intereses privados», subrayó.

Riesgos para el sistema universitario público

Durante la cita, todas las partes coincidieron en que el texto pone en riesgo el sistema público universitario andaluz, al «imponer un modelo con graves injerencias en la autonomía universitaria, tutela política externa y un claro debilitamiento de la financiación pública», según informó el PSOE en una nota de prensa.

Preocupación de sindicatos y docentes

Los representantes de CCOO y UGT mostraron su preocupación por «la falta de compromiso financiero, los frenos en la carrera profesional del personal docente e investigador y el aumento de universidades privadas sin garantías de calidad». Según señalaron, la ley «abre la proliferación de universidades privadas y aumenta la desigualdad en el acceso a la educación superior».

Críticas de los estudiantes

Asimismo, los representantes estudiantiles criticaron que su participación en las decisiones universitarias se verá reducida y lamentaron la falta de medidas sobre vivienda y becas. En este contexto, indicaron que están evaluando movilizaciones y paros académicos en defensa de una universidad «pública, accesible y de calidad».