La aprobación del Real Decreto 1312/2024, que establece una ventanilla digital para el registro de arrendamientos de corta duración, ha generado inquietud en torno a su posible impacto sobre el medio rural. Aunque su objetivo declarado es preservar el uso residencial en las ciudades y frenar distorsiones en el mercado de vivienda urbano, su redacción uniforme, sin una distinción clara entre lo urbano y lo rural, puede dar lugar a una aplicación que resulte injusta y contraproducente para entornos que funcionan bajo lógicas completamente distintas.
La finalidad declarada de la norma es preservar el uso residencial en las ciudades y garantizar que el alquiler turístico no agrave el problema de acceso a la vivienda en determinados entornos urbanos. Es una preocupación legítima. Sin embargo, su redacción uniforme, que no distingue entre zona rural y urbana, puede derivar en una aplicación extensiva que incluya también al medio rural, donde los problemas y dinámicas son muy diferentes. Esta confusión regulatoria ya está generando efectos negativos entre pequeños propietarios rurales, para quienes la actividad turística representa un ingreso vital.
En este contexto, las viviendas de turismo rural (VTAR) —reguladas por decreto específico en Andalucía y obligadas a inscribirse en el Registro de Turismo de la comunidad autónoma— no pueden ser tratadas como si respondieran a las dinámicas del turismo en entornos urbanos. Las VTAR no solo están sujetas a normativas exigentes de calidad y seguridad, sino que constituyen una parte esencial del ecosistema turístico rural, facilitando alojamiento en áreas sin hoteles y atrayendo a un perfil de visitante familiar y respetuoso con el entorno.
Las viviendas turísticas en entornos rurales no son sólo una forma de alojamiento, sino una auténtica palanca de desarrollo local. En muchos pueblos de nuestro país, donde no existe oferta hotelera ni modelos alojativos alternativos, este tipo de actividad representa el único canal viable para atraer visitantes, mantener la actividad económica y fijar población. Por eso, cualquier normativa como el Registro Digital Único debe tener en cuenta esta realidad: no se trata solo de un trámite administrativo, sino de una herramienta que debe adaptarse a la diversidad territorial y no poner en riesgo modelos de vida sostenibles, proyectos familiares y microempresas que actúan como auténtico motor económico y social de comarcas enteras.
En las zonas rurales, las VTAR crean oportunidades económicas, fijan población, revitalizan pueblos y contribuyen de manera decisiva a evitar la despoblación. La gestión de este tipo de alojamientos es, en muchos casos, la diferencia entre poder permanecer en el territorio o tener que abandonarlo en busca de ingresos en las ciudades.
Por ello, es imprescindible una redacción clara e inequívoca de la norma, en la que se excluya expresamente a las viviendas ubicadas en el medio rural de la obligación de inscribirse en el nuevo registro estatal. No puede dejarse margen a la interpretación
cuando está en juego la continuidad de una actividad que genera oportunidades, impulsa la economía local y contribuye activamente a la cohesión territorial.
Es fundamental subrayar la importancia de que la legislación estatal tenga en cuenta las particularidades del medio rural y no aplique soluciones pensadas para las grandes ciudades a contextos completamente distintos. El turismo rural debe ser protegido y potenciado como motor de desarrollo local.
Legislar atendiendo a la diversidad del territorio no es solo una cuestión de justicia. Es una obligación técnica, jurídica y política. Las administraciones deben adoptar una visión equilibrada, que garantice la competitividad, la calidad y la sostenibilidad del turismo en todas sus formas. El reconocimiento a la labor que miles de propietarios y gestores realizan en el medio rural es también un reconocimiento a la lucha por un territorio vivo, dinámico y con futuro.
[Juan Cubo es presidente de AVVAPRO (Asociación Andaluza de Viviendas y Apartamentos Turísticos)]