Diputación impulsa la construcción de 87 viviendas protegidas en Pulianas, Granada y Cúllar Vega

El pleno extraordinario de la Diputación de Granada ha dado luz verde este martes a tres operaciones de financiación por valor de 16 millones de euros destinadas a impulsar la construcción de 87 viviendas protegidas promovidas por la empresa pública Visogsa de la institución provincial en los municipios de Pulianas, Granada capital y Cúllar Vega.

La medida permitirá avanzar en tres promociones estratégicas que suman 69 viviendas protegidas en Granada capital, diez viviendas unifamiliares en Pulianas y otras ocho viviendas en Cúllar Vega, consolidando el compromiso de la institución provincial con el acceso a la vivienda.

Las actuaciones financiadas se desarrollarán bajo criterios de eficiencia energética, accesibilidad universal y sostenibilidad, incorporando además espacios y servicios que favorezcan la calidad de vida de los futuros residentes.

Impulso a la vivienda pública

La aprobación de esta financiación se enmarca en la estrategia de impulso a la vivienda pública que está desarrollando la Diputación a través de Visogsa. Actualmente, la empresa pública tiene en marcha siete promociones distribuidas por distintos municipios de la provincia que suman un total de 259 viviendas y alojamientos protegidos.

A las promociones de Granada, Pulianas y Cúllar Vega se suman otras actuaciones en Las Gabias, Almuñécar y Churriana de la Vega, conformando una cartera de proyectos que supera los 37 millones de euros de inversión y que permitirá ampliar de forma significativa el parque público residencial de la provincia.

«Una vivienda de 250.000 euros no puede ser considerada VPO»

El grupo provincial de Izquierda Unida en la Diputación de Granada se ha abstenido este martes en la votación del nuevo plan de construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), celebrada durante la sesión del Pleno Extraordinario de la corporación provincial y ha expresado su consideración de que «una vivienda de 250.000 euros no puede ser considerada VPO».

La formación política ha argumentado que el plan propuesto, «lejos de abordar de raíz el problema estructural del acceso a la vivienda en los municipios granadinos, perpetúa un modelo mercantilista que cede suelo de titularidad pública a manos de empresas privadas y olvida la acuciante necesidad de impulsar el alquiler social y una promoción de vivienda pública que se ajuste al bolsillo de la clase trabajadora«.

IU critica que el documento presentado por el equipo de gobierno de la institución provincial «carece de la ambición y la valentía social que exige el actual contexto de emergencia habitacional».

A juicio de la coalición de izquierdas, las políticas de la Diputación deben erigirse como el principal escudo protector para las familias de la clase trabajadora y la juventud granadina, «sectores que actualmente se encuentran expulsados del mercado inmobiliario debido a la especulación, la escalada inasumible de los precios y la proliferación descontrolada de las viviendas turísticas que tensionan tanto el área metropolitana como las distintas comarcas».

En un comunicado de prensa recogido por EP, han sostenido que su abstención no representa un rechazo a la promoción de nueva vivienda en la provincia, sino «una profunda discrepancia con el modelo de gestión adoptado».

La formación alerta de que «la construcción de VPO bajo regímenes enfocados mayoritariamente a la venta, donde se enajena el patrimonio público de suelo para su explotación por promotoras, termina con viviendas a 250.000 euros, lo que imposibilita que la mayoría de trabajadores granadinos pueda acceder a ellas»

Durante su intervención y posterior valoración del pleno, la diputada provincial y coordinadora de IU Granada, Mari Carmen Pérez, ha sido tajante respecto a las deficiencias y carencias del proyecto aprobado. «Nos abstenemos porque no podemos avalar un plan de vivienda que utiliza el patrimonio y los recursos de todas y todos los granadinos para seguir engrasando la maquinaria de la construcción privada, en lugar de garantizar un derecho que es constitucional», ha asegurado.

La portavoz provincial ha remarcado: «Según hemos podido saber, la Junta de Andalucía, en forma de pago por la cesión del suelo, se quedará en propiedad unas 12 viviendas, lo que indudablemente ha conllevado que el precio del resto sea mayor. La Diputación ha sido servicial, lo que ha hecho que los costes se sufraguen entre las viviendas que no pertenezcan a la Junta, un claro agravio para la clase trabajadora «.

Pérez ha señalado, además, que el municipalismo debe ser la primera línea de defensa de los servicios y derechos sociales básicos. «Si desde la Diputación descapitalizamos nuestro suelo público cediéndolo, estaremos desarmando a nuestros ayuntamientos para afrontar futuras emergencias. La vivienda tiene que cumplir una función social estricta y permanente», ha enfatizado.