La Audiencia de Granada celebrará el 22 y 23 de abril el juicio contra el exalcalde de Otura, Ignacio Fernández-Sanz, por presuntos delitos de fraude, malversación de caudales públicos y prevaricación en la tramitación a finales de 2007 del expediente del servicio de recogida de residuos y de limpieza viaria y de dependencias municipales.
La Fiscalía ha fijado el perjuicio económico al Ayuntamiento de Otura en más de 250.000 euros y solicita cinco años de prisión y ocho de inhabilitación absoluta para el exregidor.
Tras varios aplazamientos, se sentará en el banquillo de los acusados junto a otros seis procesados, ediles en ese momento del Partido Popular y de Grupo Independiente de Otura, según consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, remitido por EP a GRX Actualidad.
La acusación
El Ministerio Público les acusa de adoptar acuerdos, «de forma consciente y a sabiendas de su ilicitud», «en los que se dispusieron de los fondos públicos y de los caudales del Ayuntamiento como si fueran propios».
Se señaló como precio de licitación 1,6 millones de euros anuales (IVA incluido) «y fue remitido a la Intervención municipal para la emisión del preceptivo informe», especifica el fiscal.
En un informe de 22 de noviembre, un día después, la Intervención efectuaba dos reparos a la contratación: «el primero, por falta de consignación presupuestaria» y el segundo en relación con que no habría habido «ningún estudio económico que justificara el coste de la ejecución del servicio».
En esa misma fecha, la Secretaría municipal informaba de que no era «posible la apertura del procedimiento de contratación» hasta que no se subsanaran ambas cuestiones.
Ratificándose la Secretaría en este mismo posicionamiento en otro informe de 24 de enero de 2008, un día después, en pleno del Ayuntamiento «y pese a los reparos reseñados» fue aprobada la contratación «por cinco votos a favor de los concejales del PP» y tres del Grupo Independiente de Otura. Cinco de estos ediles están entre los procesados y se enfrentan como Fernández-Sanz a cinco años de prisión y ocho de inhabilitación.
Según la Fiscalía, «se firmó un contrato entre el adjudicatario y único licitador» por el que el adjudicatario quedaba «obligado, entre otras cosas, a asumir los medios materiales», como son un camión, una barredora, 259 contenedores de basura de 800 litros de capacidad y otros 38 de 240, los cuales «debían revertir al Ayuntamiento» según el pliego de cláusulas administrativas del contrato.
No obstante, en noviembre de 2010 «transcurridos menos de dos años desde el inicio del servicio el alcalde sin justificación alguna» presuntamente convocó un pleno extraordinario para la rescisión del contrato y el rescate del servicio.
Cese irregular del servicio
La sesión plenaria, señala el fiscal, «se lleva a cabo sin haber sido evacuados los preceptivos informes de la Intervención municipal, de los servicios técnicos» y de la Secretaría «siendo advertidos los concejales presentes de la falta» de los mismos al comienzo del pleno. Son estos ediles, los siete procesados incluyendo al alcalde, los que aprueban «el acuerdo de rescisión», añade la acusación pública.
En ejecución de ello, Fernández-Sanz habría suscrito, «sin tramitar expediente alguno» y «con ausencia total de procedimiento», un convenio de resolución del contrato supuestamente «con la finalidad de beneficiar al contratista y con la misma fecha del pleno».
Igualmente habría hecho constar el entonces alcalde «que el servicio ha dejado de prestarse el 14 de noviembre si bien el mismo se firma el 5» de ese mismo mes, y efectuado, en el acuerdo de liquidación, «un reconocimiento de facturaciones pendientes a fecha 31 de octubre de 2010 por importe» de más de 2,5 millones de euros.
También «el reconocimiento a favor de la mercantil por resolución anticipada del contrato de una indemnización por daños y perjuicios de 800.000 euros» y el compromiso, «en nombre del Ayuntamiento, a entregar» un camión como el recogido en el contrato «en compensación por la entrega de los contenedores de carga lateral cuyo valor se fija en 88.175 euros», todo ello también «sin que exista informe de la Intervención».
El alcalde se habría comprometido también entonces «a quedarse con el resto de activos, renunciando a las reclamaciones que pudieran corresponderle por tal motivo a excepción de unos contenedores de carga trasera», que, según hacía constar, relata el ministerio público, le habían «sido entregados al Ayuntamiento pese a no constar el acta de recepción de los mismos».