Vecinos de San Miguel Alto llevan al Constitucional la intervención de Urbanismo en 2023

La actual Asociación de Vecinos del Cerro de San Miguel Alto, junto con siete residentes del entorno, ha interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales durante una intervención municipal llevada a cabo el 26 de enero de 2023 coordinada por la Concejalía de Urbanismo de Granada y ejecutada con la participación también de policías y operarios de limpieza.

Los hechos denunciados ocurrieron cuando este operativo municipal «accedió sin orden judicial ni consentimiento a patios y jardines cerrados anexos a casas cueva habitadas», según ha informado la antigua Asociación de Vecinos de las Cuevas del Sacromonte en una nota de prensa recogida por EP.

Según los demandantes, durante la intervención se produjeron «daños materiales, cortes de suministros legalizados, retención de residentes sin justificación durante más de cinco horas y un trato degradante, incluyendo insultos».

De hecho, según consta en el recurso, consultado por Europa Press, «durante el tiempo que duró el operativo, los moradores denuncian haber sufrido un trato degradante y verbalmente vejatorio, habiendo recibido insultos como desgraciados y guarros».

Denuncian «desprotección judicial»

El recurso denuncia la «desprotección judicial» que habrían sufrido los afectados, tras el archivo de las diligencias penales por parte del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada y la confirmación de dicho archivo por la Audiencia Provincial.

Ambas instancias judiciales habrían desestimado la práctica de diligencias clave, como la toma de declaración de los denunciantes y testigos, lo que, a juicio de los recurrentes, «vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva».

El recurso invoca, según han detallado los recurrentes, que están representados por la abogada María Gallego, la violación de los derechos a la inviolabilidad del domicilio, a la integridad física y moral, a un proceso con garantías y a la igualdad ante la ley.

Asimismo denuncia «una interpretación restrictiva del concepto constitucional de domicilio, excluyendo de protección a patios cerrados funcionalmente integrados en viviendas-cueva, algunas de las cuales cuentan con título de propiedad y situación urbanística regularizada».

En este contexto consideran que la actuación municipal, que tenía lugar con gobierno local del PSOE, «responde a un plan sistemático de presión y acoso institucional sobre los residentes de estas viviendas tradicionales» con el objetivo de «forzar su desalojo sin garantías judiciales».