Técnicos ratifican sus reparos en el contrato de limpieza de Otura que ha llegado a juicio

Los técnicos municipales que han declarado como testigos en el juicio que se sigue en la Audiencia de Granada contra el exalcalde de Otura Ignacio Fernández-Sanz (PP) se han ratificado en los reparos que trasladaron en su día sobre el contrato de recogida de residuos y de limpieza viaria.

En este caso están acusados Fernández-Sanz y otros cuatro antiguos concejales del consistorio por presuntos delitos de fraude, malversación de caudales públicos y prevaricación en la tramitación de este contrato aprobado en 2008 y rescindido dos años después.

Inicialmente estaba previsto que el juicio quedara este jueves visto para sentencia, pero la ausencia de un testigo –representante de la empresa concesionaria del contrato de limpieza– ha llevado a una de las defensas y a la acusación ejercida por el Ayuntamiento de Otura a pedir la suspensión, según han detallado a Europa Press fuentes del caso.

La vista se reanudará el 8 de junio, cuando también está previsto que declaren los acusados después de que el tribunal accediera a la petición de las defensas de que lo hicieran en último lugar.

Entre los testigos propuestos han declarado dos secretarios y dos interventores municipales que se han ratificado en los informes con reparos que emitieron en su día en relación con el contrato.

«Falta de consignación presupuestaria»

Los reparos expresados por la Intervención era concretamente la «falta de consignación presupuestaria» y la ausencia de «estudio económico que justificara el coste de la ejecución del servicio».

Por su parte, la Secretaría municipal informó de que no era «posible la apertura del procedimiento de contratación» hasta que no se subsanaran ambas cuestiones, según expone la Fiscalía en su escrito de acusación provisional, consultado por Europa Press.

La Secretaría se ratificó en este mismo posicionamiento en otro informe de 24 de enero de 2008, si bien un día después, en pleno del Ayuntamiento «y pese a los reparos reseñados» fue aprobada la contratación «por cinco votos a favor de los concejales del PP» y tres del Grupo Independiente de Otura.

Cuatro de estos ediles están entre los procesados y se enfrentan como Fernández-Sanz a cinco años de prisión y ocho de inhabilitación.

En noviembre de 2010 –«transcurridos menos de dos años desde el inicio del servicio– el alcalde «sin justificación alguna», según el fiscal, presuntamente convocó un pleno extraordinario para la rescisión del contrato y el rescate del servicio.

La sesión plenaria se llevó a cabo presuntamente «sin haber sido evacuados los preceptivos informes de la Intervención municipal, de los servicios técnicos» y de la Secretaría «siendo advertidos los concejales presentes de la falta» de los mismos al comienzo del pleno.

Son estos ediles, incluyendo al alcalde, los que aprueban «el acuerdo de rescisión», añade la acusación pública.

En ejecución de ello, Fernández-Sanz habría suscrito, «sin tramitar expediente alguno» y «con ausencia total de procedimiento», un convenio de resolución del contrato supuestamente «con la finalidad de beneficiar al contratista y con la misma fecha del pleno».

En la primera sesión del juicio resultó absuelta una exedil respecto a la que las acusaciones retiraron los cargos por prescripción de los hechos.