Se reanuda este lunes el juicio contra el exalcalde de Otura por fraude y prevaricación

La Audiencia de Granada reanuda este lunes con la declaración de los acusados el juicio que se sigue contra el exalcalde de Otura Ignacio Fernández-Sanz (PP) por presuntos delitos de fraude, malversación de caudales públicos y prevaricación en relación al contrato de recogida de residuos y de limpieza viaria.

En este caso están acusados otros cuatro antiguos concejales del consistorio por los mismos delitos y todos ellos se enfrentan a una petición fiscal de cinco años de prisión y ocho de inhabilitación por la gestión de este contrato aprobado en 2008 y rescindido dos años después.

Absuelta una exedil

En la primera sesión del juicio, celebrada el pasado 22 de abril, salió absuelta una exedil por prescripción de los hechos. El tribunal accedió además a la petición de las defensas de que los acusados declaren al final del juicio, lo que se prevé que ocurra este lunes, después de que lo haga un testigo cuya ausencia propició que se aplazara la vista anterior. Se trata del representante de la empresa a la que se adjudicó el contrato.

Entre los testigos que han declarado en el juicio se encuentran dos secretarios y dos interventores municipales que se ratificaron en los informes con reparos que emitieron en su día en relación con este contrato. Los reparos expresados por la Intervención era concretamente la «falta de consignación presupuestaria» y la ausencia de «estudio económico que justificara el coste de la ejecución del servicio».

Por su parte, la Secretaría municipal informó de que no era «posible la apertura del procedimiento de contratación» hasta que no se subsanaran ambas cuestiones, según expone la Fiscalía en su escrito de acusación provisional, consultado por Europa Press.

«Reparos reseñados»

La Secretaría se ratificó en este mismo posicionamiento en otro informe de 24 de enero de 2008, si bien un día después, en pleno del Ayuntamiento «y pese a los reparos reseñados» fue aprobada la contratación «por cinco votos a favor de los concejales del PP» y tres del Grupo Independiente de Otura.

En noviembre de 2010 –«transcurridos menos de dos años desde el inicio del servicio– el alcalde «sin justificación alguna», según el fiscal, presuntamente convocó un pleno extraordinario para la rescisión del contrato y el rescate del servicio.

La sesión plenaria se llevó a cabo presuntamente «sin haber sido evacuados los preceptivos informes de la Intervención municipal, de los servicios técnicos» y de la Secretaría «siendo advertidos los concejales presentes de la falta» de los mismos al comienzo del pleno. Son estos ediles, incluyendo al alcalde, los que aprueban «el acuerdo de rescisión», añade la acusación pública.

En ejecución de ello, Fernández-Sanz habría suscrito, «sin tramitar expediente alguno» y «con ausencia total de procedimiento», un convenio de resolución del contrato supuestamente «con la finalidad de beneficiar al contratista y con la misma fecha del pleno».