El parlamentario andaluz Gerardo Sánchez ha exigido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que paralice la operación de venta de la antigua sede del Banco de España y ceda gratuitamente este inmueble a los granadinos, «como hace en toda Andalucía».
Se trata también, según ha proseguido Sánchez en una nota de prensa tras una comparecencia informativa ante la sede en la actualidad de la Fiscalía Superior de Andalucía, de que la Diputación de Granada «renuncie a esta compra injusta y destine los 9,2 millones a inversiones culturales reales en los pueblos de nuestra provincia, donde la cultura no puede depender de los favores políticos».
Junto al viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada Paco Cuenca a las puertas del edificio, Sánchez ha subrayado que esta operación «no es un acto de gestión. Es un símbolo del desprecio con el que el gobierno del PP trata a Granada».
«La Diputación va a desembolsar 9,2 millones para esta adquisición a la Junta, que recibió gratis este inmueble del Estado en el año 2003, con el compromiso de instalar allí la Escuela de Fiscales y las Fiscalías Superior y Provincial. 22 años después, ese mismo edificio que le costó cero euros a la Junta, se vende a otra administración, pagado por todos los granadinos», ha dicho.
El parlamentario socialista ha apuntado que se trata de una operación «redonda» para la Junta, pero «ruinosa» para Granada. «Un negocio perfecto para Moreno Bonilla y un maltrato injustificable para nuestra provincia», ha indicado para apuntar que «mientras en otras ciudades andaluzas la Junta cede gratuitamente bienes patrimoniales a los ayuntamientos, aquí nos cobran».
Así, ha aludido a casos como la Casa Murillo en Sevilla, el Museo del Jamón en Jabugo (Huelva), el Silo de Villanueva de Córdoba o la cesión de pabellones, suelos urbanos y centros culturales en Cádiz, Málaga, Baeza (Jaén), La Línea (Cádiz) o Marbella (Málaga). Todos, a coste cero, algo que no pasa en Granada, a quien se le cobra y muy caro».
«No se trata de una cantidad simbólica, son 9,2 millones que podrían invertirse en infraestructuras culturales, bibliotecas, teatros, centros sociales y programas educativos en los más de 120 municipios menores de 20.000 habitantes que tanto lo necesitan», ha expuesto.
Sánchez ha lamentado que el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, «en lugar de plantarse y exigir la cesión, como hacen otros, abre la cartera y paga. Un presidente que se comporta con manos rotas sin ninguna influencia política ante la Junta».
Por su parte, el viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la capital Paco Cuenca ha calificado de «agravio comparativo flagrante» el hecho de que en otras ciudades andaluzas la Junta ceda gratuitamente edificios históricos o se pongan a disposición de instituciones locales para fines culturales, administrativos o sociales y en Granada no sea así, informa EP.
«Resulta inaceptable que Granada quede al margen del trato equitativo que merecen todas las provincias andaluzas», ha manifestado Cuenca para preguntarse «por qué» la provincia «tiene que pagar cuando la Junta regala espacios y suelos a Sevilla y Málaga, entre otros casos el antiguo Hospital Militar Vigil de Quiñones o la antigua Tabacalera, respectivamente. Moreno Bonilla se quiere aprovechar una vez más de Granada y hacer caja con ella».
A juicio del socialista, «no se trata solo del montante, que ya de por sí supone un desembolso millonario con fondos públicos granadinos para adquirir un inmueble que ya era público, sino del modelo de relación que la Junta mantiene con otras capitales»
Cuenca ha cuestionado «por qué en Granada el patrimonio público se convierte en una operación de caja y no en una oportunidad de servicio público».
También ha remarcado que este caso «refuerza la sensación, ya demasiado persistente, de que Granada queda sistemáticamente relegada en las decisiones estratégicas del Gobierno andaluz».
«Lo que en otros territorios se concibe como inversión, colaboración o apuesta por el desarrollo local, en Granada se transforma en negocio», ha aseverado el dirigente socialista, que ha reclamado «respeto institucional», ha indicado que «no se trata de caridad ni privilegios, sino de equidad territorial. Con esta venta, se ha cruzado una línea que exige una rectificación política y ética».