Piden cuatro años de prisión a una funcionaria acusada de acceder a datos de la hija de su pareja

La Fiscalía ha pedido cuatro años de prisión para una funcionaria que se habría valido de su cargo para conseguir datos oficiales de la hija de su pareja sentimental, un hombre que se enfrenta a dos años y dos meses de cárcel en la misma causa, cuando éste trataba de conseguir información reservada de su descendiente para dejar de pasarle una pensión alimentaria.

En su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía señala que el padre de la denunciante estaba obligado a pagarle esta pensión tras el divorcio de su madre. Está previsto que el caso sea enjuiciado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada.

Él habría tratado de «extinguir el pago de dicha pensión a favor de su hija» para lo que «solicitaba entre otros datos» que «se incorporara la vida laboral extensa» de ella.

Así, y de manera previa a la presentación de una demanda de modificación de medidas, el acusado, «de común acuerdo» con la procesada, que era su pareja sentimental y funcionaria de la Junta de Andalucía adscrita al servicio de gestión de pensiones de la Seguridad Social, supuestamente promovió que «ésta accediera» a la vida laboral.

Trataba de saber si la hija «percibía alguna renta de inserción» en el marco de un «plan preconcebido» en virtud del cual la procesada, en febrero de 2021, «por motivos personales ajenos al ejercicio de sus funciones y prevaliéndose del cargo» que tenía, habría solicitado a una compañera adscrita al servicio de acción en inserción social que «buscara» los datos.

Una vez los habría tenido, los habría divulgado al acusado y este, «con la seguridad que ello le proporcionaba», habría solicitado en demanda de finales de 2021 la extinción de la pensión alimentaria. Al enterarse de que su padre se habría jactado en público de haber tenido acceso a sus datos de esta manera, la denunciante formuló reclamación ante la Tesorería General de la Seguridad Social.

Los hechos son constitutivos para el ministerio público de delito de descubrimiento y revelación de secretos por ser funcionaria pública, en el caso de la acusada, que se enfrenta junto a la petición de cárcel al pago de multa por importe total de 5.700 euros y a inhabilitación absoluta por seis años.

Por la presunta comisión del mismo ilícito, el acusado se enfrenta, además de a la petición fiscal de cárcel, al pago de una multa de 5.400 euros.