Licitada por 2,5 millones la reforma de la sede judicial de La Caleta

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha sacado a licitación las obras de reforma de la sede judicial del edificio Caleta de la capital granadina, por más de 2,5 millones, que será cofinanciada con fondos europeos Next Generation. Las actuaciones se centrarán en garantizar la accesibilidad de las instalaciones, así como su eficiencia energética, con la instalación de paneles fotovoltaicos y mejoras en los cerramientos y aislamientos de paredes y cubiertas.

Respecto a las actuaciones en la sede de Caleta de Granada, necesarias mientras se pone en marcha la Ciudad de la Justicia de la capital en el edificio El Cubo, cuentan con un presupuesto de 2.516.137,56 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de ocho meses.

En este caso, conforme al proyecto diseñado por el estudio Fresneda & Zamora Arquitectura, se procederá al aislamiento de las cubiertas en los patios, la mejora de los puentes térmicos, de los ascensores y de los sistemas de climatización e iluminación, la instalación de placas fotovoltaicas, y la reforma de los aseos, además de la instalación de bucles magnéticos en los puestos de atención al público para facilitar la audición a las personas con implantes cocleares y de señalización accesible para personas con discapacidad visual.

El plazo para presentar ofertas estará abierto hasta el 2 de junio a las 18.00 horas. Las ofertas a ambas licitaciones deberán presentarse de manera electrónica a través del Portal SIREC.

Según informa la Junta en un comunicado recogido por GRXActualidad, este proyecto de reforma del complejo judicial de Caleta forma parte del Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030, que prevé actuaciones en el 100% de los 85 partidos judiciales andaluces. Para ello, se movilizarán 1.500 millones de euros mediante distintas fórmulas de financiación, como la colaboración público-privada, la público-pública con ayuntamientos y diputaciones o el uso de fondos europeos, como en este caso, a través del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP), primero en el que la UE autoriza el uso de fondos europeos en instalaciones judiciales.