La víctima del ‘caso Viogén’ pide hasta 12 años y medio de prisión para los policías de Granada investigados

La expareja de un subinspector de la Policía Local de Granada que fue condenado por maltratarla reclama penas de hasta 12 años y medio de prisión para el exjefe del cuerpo, José Manuel Jiménez Avilés, y otros siete agentes, a los que acusa de consultar sin autorización sus datos en la plataforma VioGén. La acusación particular ha solicitado que se abra juicio oral contra los ocho investigados por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

La Fiscalía, por su parte, ha pedido el archivo de la causa al considerar que los hechos no tienen relevancia penal. Sin embargo, la representación de la mujer sostiene que los agentes realizaron 47 consultas no autorizadas entre el 25 de agosto de 2023 y el 4 de abril de 2024, pese a que la protección de la víctima correspondía exclusivamente a la Guardia Civil.

47 consultas al expediente de la víctima

La investigación arrancó en julio de 2024, cuando la mujer denunció que su expareja parecía conocer todos sus movimientos, incluso antes que ella. Sospechaba que otros policías locales accedían a su expediente en VioGén para trasladarle información o que el propio subinspector utilizaba las credenciales de sus compañeros.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, las consultas permitieron acceder a información sobre los recorridos de la mujer, sus horarios laborales, cambios de domicilio y medidas de seguridad, además de datos relacionados con su hija menor. Cinco de los agentes habrían llegado a consultar el nivel 3 del sistema, que contiene información sensible.

La acusación afirma que ninguno de esos accesos quedó justificado en el módulo de anotaciones de la plataforma. También sostiene que las consultas continuaron incluso después de que el expediente disciplinario que supuestamente las había motivado quedara paralizado, apenas ocho días después de su apertura.

Hasta 30 años de inhabilitación

Entre los ocho procesados figuran el entonces jefe de la Policía Local, un subinspector y un oficial del Grupo de Mujer y Menores, además de otros cinco agentes adscritos a esta unidad. La acusación atribuye a Jiménez Avilés y al subinspector jefe un papel de inducción en los presuntos delitos y reclama para ambos 12 años y medio de prisión y 30 años de inhabilitación absoluta.

Para el oficial y los otros cinco agentes solicita condenas que oscilan entre los ocho años y dos días y los doce años y medio de cárcel, en función de la participación que atribuye a cada uno. Las peticiones de inhabilitación se sitúan entre los 20 y los 30 años.

El escrito sostiene que el origen de las consultas fue una orden verbal del entonces máximo responsable policial al subinspector jefe para recopilar información con vistas a abrir un expediente disciplinario a la expareja de la víctima, también integrante del cuerpo. No obstante, la acusación subraya que, mientras se producían los accesos, no se adoptaron medidas disciplinarias contra el agente, que llegó a ser ascendido a jefe de la Academia de Policía Local.

La mujer denuncia miedo y cambios en sus rutinas

La representación de la víctima considera que las consultas provocaron en ella «temor y desasosiego» y alteraron su confianza en las medidas de protección. Según su relato, permaneció en un estado constante de alerta y tuvo que modificar de nuevo sus rutinas de seguridad. Algunas de esas medidas ni siquiera llegaron a incorporarse al sistema VioGén para evitar que la Policía Local pudiera conocerlas.

Además de las penas de prisión e inhabilitación, la acusación reclama que cada uno de los ocho procesados indemnice a la mujer y a su hija con 20.000 euros por los daños morales. También dirige la acción civil subsidiaria contra el Ayuntamiento de Granada, al considerar que los hechos se habrían cometido por funcionarios municipales utilizando medios, credenciales y relaciones jerárquicas del servicio policial.

Entre las diligencias de prueba solicitadas figura un oficio a la Secretaría de Estado de Seguridad para conocer las direcciones IP desde las que accedió cada agente y comprobar si hubo consultas simultáneas coincidentes con los turnos de trabajo del subinspector, que no está procesado en esta causa.

Por último, la acusación pide que todas las sesiones del juicio se celebren a puerta cerrada para proteger la intimidad de la mujer y de su hija menor. La petición se ha presentado ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada, plaza número 4.