La Junta reclama al Gobierno declarar a 16 municipios de Granada como zona gravemente afectada por terremotos

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado instar al Gobierno de España a que declare zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil a 16 municipios de la provincia de Granada afectados por la serie sísmica en la provincia de Granada entre la última semana de julio y el mes de agosto. De igual modo, también se solicita al Gobierno central que adopte con carácter urgente, dentro de sus competencias, las medidas legales necesarias para paliar los daños causados por estos episodios.

En concreto, los 16 municipios son Alhendín, Armilla, Cájar, Churriana de la Vega, Cogollos de la Vega, Cúllar Vega, Gójar, Granada, Huétor Vega, La Zubia, Las Gabias, Maracena, Ogíjares, Santa Fe, Vegas del Genil y Villa de Otura.

Los fenómenos sísmicos registrados durante las últimas semanas han ocasionado tanto daños materiales, en bienes muebles e inmuebles de propiedad privada, infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios de carácter público, como personales. La Junta de Andalucía considera en un comunicado recogido por GRXActualidad que la magnitud de este episodio justifica solicitar al Gobierno de España la declaración y la adopción de medidas para atender sus consecuencias.

La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, establece que la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil corresponde al Consejo de Ministros y puede ser solicitada por las administraciones públicas interesadas. Para acordarla se valoran, entre otras circunstancias, los daños materiales que perturben gravemente las condiciones de vida de la población o la paralización de servicios públicos esenciales.

La declaración permite al Consejo de Ministros aprobar diferentes medidas para atender las consecuencias de la emergencia. Entre ellas figuran ayudas económicas a particulares por daños en la vivienda habitual y enseres de primera necesidad, compensaciones a las corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables, ayudas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios y subvenciones por daños en infraestructuras municipales y en la red viaria provincial.

La normativa contempla también ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas y forestales, la apertura de líneas de avales y préstamos preferenciales, así como la posibilidad de adoptar medidas fiscales, laborales y de Seguridad Social.

Por su parte, el Gobierno andaluz prevé adoptar las medidas que correspondan al amparo del Decreto 277/2023, de 5 de diciembre, que regula las ayudas a entidades locales especialmente afectadas por fenómenos naturales adversos, emergencias de protección civil y catástrofes públicas. Estas actuaciones estarán dirigidas a reparar y paliar las pérdidas sufridas y contribuir a recuperar con la mayor celeridad posible la normalidad en las zonas afectadas.