La Junta destaca su «esfuerzo inversor» frente al Gobierno para financiar la dependencia

La Junta de Andalucía ha valorado este lunes en Granada el «esfuerzo inversor» que la administración autonómica está haciendo respecto al Gobierno de España en materia de financiación del sistema de dependencia.»Traduciendo este esfuerzo en cifras, Andalucía está muy por encima del 50 por ciento que marca la ley, que obliga al Gobierno central a financiar el 50 por ciento del sistema de la dependencia en las comunidades autónomas», ha indicado en una nota de prensa de la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta en Granada, Matilde Ortiz.

«Tal es así que Andalucía, durante el año 2025, está financiando el 68,09 por ciento del sistema de la dependencia, con una inversión de 1.587 millones de euros, frente a los 743 millones que pone el Gobierno de España. Así, la cifra total de la financiación de la dependencia asciende a 2.331 millones en Andalucía. En estos momentos, la Junta destina el doble de fondos que el Gobierno de España a pagar la dependencia».

«Con esta financiación, Andalucía destina 7.696,35 euros por persona atendida, teniendo en cuenta que sostiene el mayor sistema de la dependencia de España, con una cifra récord de 302.871 beneficiarios y 455.031 prestaciones».La delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Matilde Ortiz, ha afirmado que «es inaceptable y profundamente irresponsable que la ministra Montero» en referencia a la vicepresidenta primera del Gobierno y titular de Hacienda, «firme convenios bilaterales con el País Vasco y Cataluña para la atención a personas dependientes, mientras mantiene en el abandono institucional a comunidades como Andalucía, y en particular a provincias como Granada».

Ortiz asegura que «este tipo de decisiones políticas no solo perpetúan una España a dos velocidades, sino que consolidan un modelo desigual que privilegia a ciertos territorios –normalmente con mayor poder de presión o capacidad de chantaje institucional– en detrimento de regiones como Andalucía».»¿Acaso los dependientes andaluces y granadinos valen menos? ¿O es que no generan el rédito político suficiente para que se les escuche en el Consejo de Ministros?», se ha preguntado la delegada territorial, quien ha manifestado que «este agravio es aún más hiriente cuando Andalucía es la comunidad autónoma con el sistema de la dependencia más grande de España».

«La firma de convenios selectivos, como el firmado por el Gobierno con el País Vasco, sin un criterio transparente y equitativo, pone en evidencia una política social de escaparate, basada en cálculos partidistas en lugar de justicia social», ha afirmado Ortiz quien ha añadido que «la ministra Montero, al elegir a quién sí y a quién no se le otorgan recursos para la atención a la dependencia, rompe el principio de solidaridad territorial y deja claro que para su ministerio, la igualdad entre españoles es una consigna vacía».

Ha considerado que «es hora de que se escuche la voz de Andalucía, y que desde el Gobierno central se actúe con equidad, no con favoritismo. Porque no hay ciudadanos de primera y segunda cuando se habla de derechos básicos y dignidad humana. Y si la ministra no es capaz de entender esto, quizás no debería ocupar un cargo que requiere altura de Estado».

Ortiz ha valorado que esta inversión «se ha venido incrementando en los últimos años, pasando de los 5.940,16 euros por persona atendida en 2018, último año de gobierno socialista, a los 7.696,35 actuales. En concreto, el incremento desde 2018 a 2025 ha sido del 29,56 por ciento».»Son cifras que demuestran la magnitud del sistema de dependencia de Andalucía, frente a los del resto de España, y ponen de relieve el esfuerzo inversor del Gobierno de Andalucía que, año tras año, incrementa su aportación económica al sistema pese a la infrafinanciación que soporta», ha concluido.

De hecho, «desde el año 2019 a 2025 la Junta de Andalucía ha invertido 8.742 millones frente a los 3.705 millones aportados por el Gobierno de España, por lo que, al no cumplir con la obligación de financiar el 50 por ciento, el Gobierno de España adeuda a Andalucía 5.037 millones desde 2019», han concluido desde la Junta, informa EP.