La Junta adelantará a septiembre el proceso de verificación de los títulos universitarios que han recibido un informe negativo

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía permitirá a las universidades públicas andaluzas que han recibido recientemente informe negativo a sus propuestas de verificación de enseñanzas para el curso 2025/2026 que puedan volver a solicitar una nueva evaluación en septiembre de este año, en vez de esperar a la convocatoria ordinaria de enero de 2026.

Con esta decisión, del departamento que dirige José Carlos Gómez Villamandos pretende garantizar la puesta en marcha de dichas enseñanzas contempladas en la nueva programación académica para el próximo curso, siempre que obtengan el informe favorable de validación y cumplan con todos los requisitos fijados, según informa un comunicado del Ejecutivo andaluz recogido por GRXactualidad.

El procedimiento administrativo implicado en la implantación de nuevas titulaciones es competencia de la Consejería de Universidad y viene recogido en el decreto de ordenación de enseñanzas aprobado en 2023. De acuerdo con ese texto legal, el plazo ordinario para presentar la solicitud del informe previo que activa la verificación se establece del 1 al 31 de enero de cada año. Emitido dicho informe por la Consejería de Universidad, la institución académica podrá solicitar la correspondiente evaluación del plan de estudios, responsabilidad de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), durante el mes de septiembre, para su implantación en el curso académico siguiente.

Sin embargo, con el fin de acortar al máximo los plazos y permitir que esos títulos rechazados se inicien con total garantía en 2026/2027, las universidades que lo deseen podrán pedir desde ahora un nuevo informe previo al considerar que estas solicitudes están incluidas dentro de los supuestos que permiten su presentación fuera del plazo ordinario. El compromiso de esta Consejería es que dichos informes previos estén resueltos a tiempo para que las instituciones académicas puedan presentar la solicitud de verificación dentro del plazo del 1 al 30 de septiembre de 2025, habilitado para la implantación de nuevas enseñanzas en el curso 2026/2027. Con esta medida, el Ejecutivo autonómico evita demoras innecesarias y prevé que toda la tramitación de estos títulos pueda estar concluida antes de finalizar el año, facilitando una planificación académica ordenada y eficaz.

En la última convocatoria abierta por la Junta para verificar títulos, un total de 42 enseñanzas de grado y máster procedentes del sistema público universitario andaluz y presentadas por sus universidades coordinadoras ya han obtenido informe de verificación favorable por parte de ACCUA para su implantación en el próximo curso 2025/2026, lo que representa el 87,5% de las nuevas enseñanzas que las universidades han remitido para someterlas a evaluación. Otros seis títulos de las públicas, en cambio, han sido informados desfavorablemente por no cumplir con las exigencias técnicas requeridas a criterio de los evaluadores.

La Junta reforzará la Agencia ACCUA

Por otro lado, la Consejería de Universidad reforzará la Agencia ACCUA con la incorporación de dos nuevos funcionarios para cubrir los puestos de subdirección de evaluación y acreditación y de apoyo técnico a las comisiones independientes de evaluación. Con ello se pretende fortalecer la capacidad operativa de ACCUA y dar respuesta a la creciente carga de trabajo que se está produciendo en la entidad. Además, se prevé poner en marcha otras medidas destinadas a ampliar y optimizar los recursos humanos de la agencia.

La plaza de subdirección de evaluación y acreditación tendrá como principal labor asistir a la dirección de ACCUA en esos procesos de evaluación y acreditación. Este puesto está contemplado en los estatutos de la propia agencia y evitará que se vuelvan a producir vacantes en la dirección.

En cuanto a la asesoría técnica, su objetivo será mejorar la capacidad operativa de esta misma área y también buscará asegurar una mayor eficiencia en la tramitación de procedimientos.