La jueza del ‘caso Nazarí’ abre juicio oral contra la excúpula de Urbanismo por la pieza Mulhacén

La jueza que investiga el llamado ‘caso Nazarí’ ha abierto juicio oral contra la exconcejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de la capital Isabel Nieto, tres antiguos altos cargos de su departamento y un promotor por la pieza separada conocida como ‘expediente Mulhacén’, vinculada al pabellón del mismo nombre en el barrio del Zaidín.

Este expediente gira en torno a la presunta alteración fraudulenta de una concesión administrativa sobre una parcela en la zona de Torre de la Pólvora que incluía un uso deportivo y que se adjudicó, en febrero de 2007, al promotor investigado en esta causa. El asunto se juzgará en la Audiencia de Granada en fecha aún por determinar.

En un reciente auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la titular de la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada abre juicio oral contra estas cinco personas por delitos continuados de prevaricación urbanística y común; fraude en la contratación; así como estafa cometida por autoridad y funcionarios públicos, entre otros.

Sobreseimiento provisional

Asimismo, la jueza acuerda el sobreseimiento provisional de la causa para otros dos exaltos cargos de Urbanismo para los que no se ha presentado escrito de acusación.

Junto a ello, la magistrada ha fijado en cinco millones de euros la fianza que conjunta y solidariamente deberán prestar los acusados para asegurar las responsabilidades que pudieran declararse en esta causa, en la que se declara como responsables civiles subsidiarios a la mercantil Fontdeis S.L. y al Ayuntamiento de Granada; y como responsable civil directo a una compañía de seguros.

Petición de la Fiscalía

La Fiscalía ha pedido penas de entre dos y tres años de prisión para tres de los acusados: la exconcejal del PP Isabel Nieto; el que fuera coordinador del área de Urbanismo y Obras; y el promotor por presuntos delitos de prevaricación y fraude en la contratación.

Según expone en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el pliego del concurso obligaba al concesionario a edificar dentro de la parcela un gran pabellón deportivo con aforo de 2.000 espectadores, además de instalaciones deportivas complementarias –como pistas descubiertas para practicar tenis o pádel– zona comercial y aparcamiento subterráneo.

El canon mínimo se valoraba en 6,1 millones de euros y se establecía un canon concesional de mil euros al año. Al término de la concesión –prevista durante 40 años– la totalidad de las instalaciones deberían revertir al Ayuntamiento, en perfecto estado y libre de cargas.

La fiscal del caso mantiene sin embargo que los tres acusados «de común acuerdo» y «con el ánimo de defraudar al Ayuntamiento de Granada llevaron a cabo modificaciones esenciales en el contrato de concesión administrativa en beneficio exclusivo» del promotor «y en perjuicio de interés público municipal».

Con ello, «el contrato de concesión se desvirtuó por completo, el adjudicatario incumplió las obligaciones establecidas en el pliego» y el pabellón deportivo se ejecutó al margen de lo que estaba previsto, informa EP.

Así, «no se construyeron ni las pistas de pádel, ni las 196 plazas de garaje que se debían construir». Agrega la fiscal que al menos la mitad de la parcela deportiva municipal se ha perdido para destinarla a restaurantes «cercenando su destino primitivo».

«Todo ello –afirma– encaminado a la obtención del máximo lucro del empresario en perjuicio del interés público«, actuando presuntamente la entonces concejal Isabel Nieto y el que fuera coordinador del área de Urbanismo y Obras «al dictado de los intereses empresariales en juego y al servicio de los mismos».

Nulidad de licencias

Entre otros perjuicios, la fiscal alude a una pérdida de suelo, de los servicios públicos previstos en la zona por el planeamiento, además de las «necesarias plazas de aparcamiento, que se ven notoriamente disminuidas y privatizadas».

También advierte de que hubo «una parcelación ilegal» y un «incremento de la edificabilidad a favor de los negocios instaurados en esta parcela de uso deportivo».

La fiscal considera que los hechos son constitutivos de delitos de prevaricación urbanística en concurso con fraude en la contratación o, alternativamente, de prevaricación común en concurso con fraude en la contratación por los que pide diferentes penas de entre dos y tres años de prisión para los acusados.

A ello suma más de 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público que, en el caso del promotor, se suman a la imposibilidad de obtener ayudas públicas o contratar con organismos del sector público.

En concepto de responsabilidad civil solicita la nulidad de licencias y decretos vinculados a las instalaciones, entre ellas licencias de obras, de ocupación de varios locales y de utilización del pabellón deportivo «sin perjuicio de las indemnizaciones a costa de los acusados».