El juicio por el caso de la mujer abrasada en la ‘escape room’ de Cájar será en octubre

El Juzgado de lo Penal 5 de Granada ha señalado para el 29 de octubre a las 10,00 horas el juicio del caso en el que la Fiscalía ha solicitado una pena de dos años de prisión para los tres acusados en el caso de la ‘escape room’ de Cájar, en el área metropolitana, de la que una mujer salió abrasada en junio de 2022 con quemaduras muy graves que le llevaron a la UCI tras ser rociada durante el juego con un líquido que llevaba gasolina.

Así lo han indicado fuentes judiciales consultadas por Europa Press. El Ministerio Fiscal acusa a los procesados por un delito de lesiones por imprudencia grave y también solicita que indemnicen conjunta y solidariamente a la víctima en cerca de dos millones de euros por las lesiones y los daños sufridos, que le han dejado secuelas físicas pero también psicológicas.

‘Escape room hardcore’

Según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a las 22,40 horas del 27 de junio de 2022, cuando la víctima se desplazó a esta vivienda de Cájar, llamada ‘Villa Amparo’, para participar en una ‘escape room hardcore’ junto a otras personas. Antes de ir al evento se les indicó que llevaran ropa vieja porque se podían manchar y cuando llegaron «sólo les explicaron las reglas del juego», que era avanzar resolviendo pistas y que no tocasen los objetos que no estuviesen indicados pero «nada sobre posibles riesgos».

La ‘escape room’ comenzó en la cocina de la vivienda, donde encerraron a los seis participantes hasta que lograron descifrar los enigmas para salir. Pasaron a una segunda habitación que era un cuarto de baño de donde también, tras resolver las pistas, salieron y llegaron a un pasillo que los llevó hasta una especie de salón y una habitación con una mesa de póker, un armario y un piano donde tenían que descifrar otras pistas.

Allí aparecieron dos actores –dos de los investigados– y se llevaron a uno de los participantes tras ponerle unos grilletes en la espalda. Le ordenaron que se metiera en una especie de ataúd y cerraron la caja con candado. Esa misma persona cogió a la víctima y le ordenó que se subiera una silla, donde fue atada de manos y le colocaron una soga al cuello. Ella se liberó pero se quedó en la misma postura para que los actores no lo notaran.

Seguidamente uno de ellos presuntamente le echó un líquido de un bidón y aunque ella alertó en más de una ocasión de que «olía muchísimo a gasolina», no obtuvo respuesta. Uno de los investigados encendió entonces un mechero y aunque la víctima sopló hasta en dos ocasiones para apagar la llama, a la tercera no lo logró «y prendió».

El ahora investigado se fue y ella «quedó a su suerte ardiendo, por lo que lo único que se le ocurrió fue quitarse la camiseta», mientras que su amigo desde el ataúd le gritaba «rueda, rueda». Ella no podía hacer nada porque no veía con el humo hasta que llegó uno de los acusados, le roció con un extintor, la sacó para afuera y le echaron agua, llegando en ese momento sus amigos.

Varios de ellos también había sido rociados con este mismo líquido con gasolina en otra estancia por parte de los investigados, «a la espera de prenderles fuego también».

Sin permisos

El fiscal del caso hace hincapié en que los investigados no se cercioraron de la composición de la mezcla de agua con gasolina y en que el tercer acusado –gerente y poseedor de la vivienda– permitió el desarrollo de la actividad pese a ser consciente de la ausencia de medidas de seguridad y sin formar a los trabajadores en este ámbito.

De hecho, la actividad se desarrollaba sin «ningún tipo de autorización municipal ni de licencia», según se expone en el escrito de acusación, y donde se alude también a la «carencia de indicaciones, de luces de salida de emergencia», a puertas y ventanas cerradas «sin apertura manual o automática» y a la presencia de extintores «para incendios eléctricos, no para combustibles».

La acusación particular ejercida por la víctima, que está representada por el letrado Javier López García de la Serrana, del bufete jurídico HispaColex, ha pedido tres años de prisión y fija la indemnización en 1,9 millones de euros –de los que se deben descontar 300.000 euros ya abonados por la aseguradora–, una cuantificación a la que se ha adherido el fiscal en su escrito.

Tras la presentación de los escritos de calificación, el Juzgado de Instrucción número 5 de Granada acordaba la apertura de juicio oral contra los tres acusados. En él se acordaba también que sea un juzgado de lo Penal de Granada el que juzgue este caso. Tras lo ocurrido, la ‘escape room’ anunció la suspensión de su actividad.