Hoy comienza en Granada un juicio con 23 acusados por blanqueo de capitales del narcotráfico

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial tiene señalado para este lunes el juicio de un caso en el que la Fiscalía ha pedido penas de entre ocho años y medio y cuatro años de prisión por su supuesta participación en operaciones de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico para 23 procesados, de ellos 14 hombres y nueve mujeres, con vínculos familiares entre sí.

Está convocado en la sala de vistas de la Sección Primera de la Audiencia de Granada, en la Real Chancillería, por una cuestión de espacio, estando prevista una vista en la que, según han apuntado fuentes jurídicas a Europa Press, es posible que se alcance un acuerdo de conformidad entre las partes con la consiguiente reducción de penas.

Según consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, un hombre de 47 años es el que recibe la petición fiscal inicial de pena de ocho años y medio de prisión por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y de defraudación a la Hacienda Pública.

Habría organizado operaciones que consistían por un lado en la adquisición de bienes inmuebles o vehículos e inversiones para el supuesto blanqueo de capitales y por otro en la puesta de algunos de ellos a nombre de terceras personas no vinculadas a dichas compras, según se desprende del escrito del fiscal.

Por el supuesto blanqueo de capitales se enfrenta en principio, además de al pago de una multa de seis millones de euros, a cinco años y medio de prisión mientras que por la presunta comisión del ilícito de fraude a Hacienda suma una petición de tres años, con sanciones económicas por valor de 900.000 euros.

El resto de acusados, que sólo lo están por la presunta comisión del delito de blanqueo, se enfrentan inicialmente por su parte a una petición fiscal de penas de cárcel de entre cinco y cuatro años, y a multas que van del millón a los 50.000 euros.

Una de las acusadas es de nacionalidad rusa y el fiscal interesa en su caso, de ser condenada y si «se demostrara su situación ilegal en España», la sustitución «de la pena por expulsión del territorio nacional».