Granada Unida pide a la Junta el informe íntegro de 2019 sobre enganches ilegales en el Distrito Norte

Granada Unida, la coalición municipalista formada por IU, Sumar y Partido Verde, ha exigido a la Junta de Andalucía que haga pública de forma íntegra la auditoría externa que encargó en 2019 sobre las instalaciones de la compañía suministradora de electricidad en el Distrito Norte de la capital granadina, «de la que hasta ahora solo han trascendido datos parciales».

La formación de izquierdas señala en un comunicado recogido por EP que la exigencia llega después de que el Ayuntamiento de Granada decretara, el pasado 22 de julio, la situación de emergencia para reparar el alumbrado público de 40 calles de los distritos Norte y Beiro tras una oleada de robos de cableado de cobre «que ha causado daños valorados en 93.989 euros y que acumula ya 17 denuncias ante la Policía Nacional desde el 24 de abril».

Granada Unica expone que el robo de cableado no es un caso aislado, y apunta como en el Barrio de la Cruz (Distrito Beiro), varias calles han llegado a pasar «hasta un mes sin alumbrado, con consecuencias directas en la seguridad y en la vida cotidiana del barrio».

«Y el mismo patrón de infraestructura eléctrica al límite se repite, con otra forma, en Bola de Oro, donde los vecinos han contabilizado más de 130 incidencias de suministro entre octubre de 2025 y enero de 2026, y en el Albaicín, donde un incendio en un centro de transformación ha llegado a afectar a un colegio del barrio y dejando, durante casi once horas, a 350 suministros afectados», aseguran.

Distrito Norte

Para la coalición de izquierdas, el caso más grave y antiguo sigue siendo el del Distrito Norte, «donde los vecinos denuncian cortes de suministro recurrentes desde hace más de 17 años». «Solo este julio, seis bloques de Casería de Montijo sufrieron 48 horas seguidas sin luz, y una vecina relató a la prensa 72 horas continuas sin suministro pese a estar al corriente de pago», añaden.

Granada Unida también apunta como una demanda judicial contra la compañía suministradora interpuesta en 2019 por vecinos y entidades sociales fue desestimada en 2024 tras cinco años de proceso. «La sentencia no acreditó responsabilidad de la eléctrica, pero tampoco cerró la vía administrativa», apostillan. «No pedimos un trato de favor para estos barrios: pedimos que la Junta cumpla con lo que ella misma inició en 2019 y que el Ayuntamiento explique por qué no se posiciona del lado de sus barrios», señalan desde la formación.