Granada avanza en la agilización de las licencias urbanísticas mediante la simplificación de trámites

El Ayuntamiento de Granada ha dado un nuevo paso para agilizar la gestión urbanística municipal con la aprobación inicial, este lunes en la Comisión de Urbanismo, de la nueva Ordenanza Municipal de Medios de Intervención Administrativa sobre la Actividad de Edificación. La normativa tiene como objetivo simplificar los trámites relacionados con las licencias urbanísticas, facilitar el desarrollo de proyectos de edificación en la ciudad y adaptar los procedimientos municipales a la legislación andaluza vigente.

Según indican desde el Consistorio en un comunicado recogido por EP, la propuesta supone una revisión de la ordenanza municipal aprobada en 2022 para adaptarla al Reglamento General de desarrollo de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), aprobado en noviembre de ese mismo año. La actualización incorpora nuevos mecanismos de colaboración y verificación técnica, reorganiza los procedimientos administrativos y establece un marco regulador más ajustado a las distintas actuaciones urbanísticas que se desarrollan en la ciudad.

Una de las principales novedades es la regulación de la colaboración con los colegios profesionales y las Entidades Urbanísticas Certificadoras, que podrán participar de forma voluntaria en las tareas de comprobación documental y verificación técnica de los proyectos. Esta colaboración permitirá incorporar certificados e informes técnicos a los expedientes urbanísticos en los supuestos previstos por la normativa, con el objetivo de agilizar la tramitación de las licencias.

En concreto, la ordenanza regula dos instrumentos de colaboración: el Certificado de Verificación Documental, que comprueba que la documentación presentada está completa y cumple los requisitos formales exigidos, y el Informe Técnico de Cumplimiento Urbanístico, que verifica la adecuación técnica de los proyectos a la normativa aplicable. Esto se realizará en los supuestos previstos, manteniendo el Ayuntamiento sus competencias de supervisión y control, pero logrando agilizar el proceso.

La ordenanza recoge también los procedimientos de intervención municipal aplicables a las distintas actuaciones urbanísticas, diferenciando entre licencia urbanística, declaración responsable y comunicación previa. La regulación establece los requisitos y la documentación exigida en cada supuesto, de acuerdo con las características de las obras y la normativa aplicable, manteniendo las facultades municipales de comprobación e inspección.

Asimismo, la nueva ordenanza regula con mayor detalle los cambios que pueden introducirse en los proyectos durante la ejecución de las obras. Para ello, distingue entre ajustes de obra, modificaciones no sustanciales y modificaciones sustanciales, estableciendo cuáles pueden incorporarse a la inspección final, cuáles pueden tramitarse mediante declaración responsable y cuáles requieren una nueva licencia o un proyecto de legalización. Esta regulación permitirá ofrecer mayor claridad y seguridad jurídica a los profesionales, promotores y servicios técnicos municipales.

Facilitar la gestión de los expedientes

El nuevo texto también recoge medidas para facilitar la gestión de los expedientes, como la utilización de formularios normalizados, la presentación electrónica de documentación en los supuestos establecidos y la tramitación de las actuaciones referidas a un mismo inmueble bajo un único expediente administrativo.

Asimismo, contempla un plazo máximo general de tres meses para resolver las solicitudes de licencia, de acuerdo con las condiciones y particularidades previstas en la normativa aplicable.

La ordenanza regula también las distintas modalidades de consulta e información urbanística, entre ellas los informes escritos, los certificados urbanísticos y las consultas de viabilidad técnica. Asimismo, establece mecanismos para unificar los criterios de interpretación ante posibles discrepancias técnicas o jurídicas, con el objetivo de ofrecer mayor claridad a particulares, profesionales y promotores sobre las condiciones urbanísticas aplicables a sus proyectos antes de iniciar su tramitación.

En materia de inspección y seguimiento, la nueva ordenanza establece la obligación de comunicar determinados momentos de la ejecución de las obras con diez días de antelación, para facilitar su supervisión por los servicios municipales. Asimismo, contempla la creación de un registro municipal de empresas propietarias de medios auxiliares, como andamios, grúas y contenedores, con el objetivo de mejorar el control de su instalación y retirada, así como de los posibles daños que puedan ocasionar en el espacio público.

La revisión normativa incluye también una reorganización de los anexos de la ordenanza, que pasan de ocho a cinco para facilitar su consulta y aplicación. Estos recogen la documentación exigida en los distintos procedimientos, las fianzas y garantías, los modelos de carteles informativos de obras, las autorizaciones para pinturas murales y las actuaciones relacionadas con la eficiencia energética y las instalaciones de energías renovables para autoconsumo.

Tras su aprobación inicial en la Comisión de Urbanismo, la nueva ordenanza continuará su tramitación administrativa hasta su aprobación definitiva y posterior entrada en vigor. El objetivo del Ayuntamiento es contar con una regulación adaptada a la legislación andaluza vigente que permita una gestión urbanística más ágil, con procedimientos claros y las garantías técnicas y jurídicas necesarias.

El PSOE lo considera una «privatización encubierta»

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada ha anunciado su voto en contra de la aprobación inicial de la nueva ordenanza de edificación por entender que es una «privatización encubierta» de las competencias municipales mediante la externalización de licencias de obra mayor y declaraciones responsables hacia colegios profesionales y entidades privadas.

En una comparecencia ante los medios, el concejal socialista Jacobo Calvo ha opinado que la estrategia seguida por la alcaldesa, Marifrán Carazo (PP), responde a un «patrón deliberado de debilitamiento del servicio público», pues desde inicio de mandato se ha ido «reduciendo progresivamente la plantilla del área de urbanismo, hasta el punto de que la sección de licencias de obras mayores ha pasado de diez técnicos a solo dos».

A este «recorte» suma el reciente cese del director del área y la falta de cobertura de plazas en las ofertas públicas de empleo. Para el Grupo Socialista, esta «carencia de medios persigue generar un cuello de botella que justifique la transferencia de gestión», informa EP.

«Lo que generan es necesidad, la necesidad genera urgencia por parte de la ciudadanía y la forma de dar respuesta a esa urgencia es externalizando el servicio público», ha denunciado Calvo, comparando esta «hoja de ruta con las dinámicas aplicadas por el Partido Popular en ámbitos como la sanidad o la educación pública».

Asimismo, la formación socialista ha advertido del «riesgo» que supone «relegar a los funcionarios técnicos en beneficio de entidades externas», al considerar que esta medida rompe la «garantía de imparcialidad» y la neutralidad necesaria para asegurar que la ciudadanía reciba un trato equitativo, independientemente del tamaño de su proyecto».

Posible «conflicto de intereses»

De igual modo, ha alertado de un posible «conflicto de intereses» entre quienes emitan los informes externos y las partes solicitantes de los permisos, aunque ha matizado trasladando «el respeto máximo a los colegios profesionales, su esfuerzo de formación y rigor en el trabajo».

Ante esta situación, el PSOE ha confirmado que presentará alegaciones al texto de la ordenanza «con el objetivo de defender el modelo público y asegurar que la tramitación de las licencias y la ordenación urbana continúen bajo el estricto control de la plantilla técnica del Ayuntamiento de Granada».