Granada aprueba ayudas de emergencia habitacional para los desalojados por los seísmos

El Ayuntamiento de Granada ha elaborado un programa de ayudas económicas de emergencia habitacional para el realojo temporal y provisional de las personas y familias que hayan tenido que abandonar sus viviendas habituales mediante orden administrativa o declaración de ruina o peligro inminente como consecuencia de la serie sísmica que ha afectado a la capital. La medida, según ha avanzado el portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, pretende «ofrecer una respuesta ágil y estable a los vecinos afectados mientras se resuelve de forma permanente la situación de sus viviendas».

«Estamos ante una situación excepcional que requiere también de respuestas excepcionales, y en eso estamos trabajando», ha destacado Saavedra, quien ha trasladado la prioridad del equipo de gobierno porque ninguna familia que haya tenido que abandonar su vivienda por motivos de seguridad se encuentre sin una alternativa habitacional. También ha incidido en que «desde el primer seísmo» el Consistorio puso a disposición de las familias desalojadas una solución provisional de urgencia en el albergue InturJoven y trabajó en dar forma a estas nuevas alternativas más estables.

Para poner en marcha la iniciativa, la Junta de Gobierno Local ha aprobado una modificación presupuestaria mediante generación de crédito por importe de 220.000 euros destinada a la partida de ‘Atención social en materia de vivienda’ con fondos aportados por la Diputación Provincial de Granada para garantizar la seguridad de personas y atender las necesidades derivadas de los movimientos sísmicos.

El programa municipal establece varias modalidades complementarias de cobertura, adaptadas a las diferentes necesidades que puedan plantearse. Las ayudas municipales tienen carácter subsidiario y no podrán duplicar otras indemnizaciones o subvenciones destinadas al mismo fin habitacional, ya procedan de compañías aseguradoras, del Consorcio de Compensación de Seguros, de la Junta de Andalucía o de la Administración General del Estado.

Así, y en el caso de que posteriormente se perciban recursos para la misma finalidad, se aplicarán los mecanismos de ajuste o reintegro que correspondan. «El Ayuntamiento va a poner todos los medios que están a su alcance en garantizar una solución estable y segura para las familias afectadas, para que reciban la protección y las ayudas necesarias para recuperar cuanto antes su normalidad», ha indicado el portavoz.

Proceso

El Ayuntamiento ya ha diseñado un procedimiento administrativo y técnico de tramitación urgente y coordinada entre las áreas municipales de Urbanismo, Bomberos y Servicios Sociales con el objetivo de reducir al mínimo los tiempos entre el desalojo y la puesta a disposición de una solución habitacional para los afectados. Así, tras la inspección técnica del inmueble y la correspondiente orden de desalojo emitida tras constatar su inhabitabilidad, ruina o peligro inminente, se dará traslado de toda la información al área de Servicios Sociales mediante la Ficha Digital Única FDU-Seísmo, lo que permitirá iniciar la intervención social de forma inmediata.

Los Servicios Sociales municipales realizarán la identificación y validación de la unidad familiar, utilizando para ello la información disponible en el Padrón de Habitantes y Catastro, evitando solicitar a las personas afectadas documentación o certificados que ya obren en poder de la Administración. La persona beneficiaria únicamente tendrá que presentar la solicitud simplificada, junto con su DNI/NIE, IBAN y el nuevo contrato de alquiler o la factura correspondiente al alojamiento hotelero y, una vez resuelto el expediente, la ayuda se abonará mediante transferencia bancaria, con carácter anticipado, y la justificación se realizará trimestralmente.

El portavoz ha recordado que estos trámites pueden realizarse a través de la Oficina de Información y Asesoramiento por los Terremotos del Centro Cívico del Zaidín y ha incidido en que el procedimiento busca precisamente evitar que las familias tengan que afrontar una carga administrativa adicional «en una situación ya de por sí complicada».