Fiscalía mantiene su petición de 15 años de inhabilitación para Fuentes por el caso TG7

La Fiscalía ha mantenido este jueves su petición de 15 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Granada, Juan Antonio Fuentes, por presuntas irregularidades en la contratación, en julio de 2015, de servicios extraordinarios en la televisión municipal TG7.

En la última sesión del juicio, que se ha celebrado esta semana en la Audiencia de Granada, también el resto de acusaciones (Ayuntamiento de Granada, PSOE y Podemos-IU-Adelante) han matenido su petición de inhabilitación para Fuentes por un presunto delito continuado de prevaricación, según han confirmado a Europa Press fuentes del caso.

El exconcejal ha hecho uso de su última palabra para defender su gestión en este asunto afirmando que «siempre» ha mirado por el bien del Ayuntamiento de Granada y que toda su carrera política ha estado orientada a hacerlo «lo mejor posible» desde su diferentes responsabilidades como concejal.

La Fiscalía le acusa de no haber seguido el procedimiento legalmente establecido para firmar este convenio con la productora –puesto que la competencia era de la Junta de Gobierno Local– con la supuesta «finalidad de eludir el control de la Intervención Municipal y proporcionar un beneficio a la empresa», según consta en su escrito de acusación.

Todo ello, con un presunto perjuicio económico de 864.121 euros a las arcas municipales, puesto que con este convenio «obligó» al Ayuntamiento a abonar una deuda contraída entre 2013 y 2015 por servicios fuera del contrato original con facturas que «fueron todas ellas firmadas en el mismo día» y reconociendo «la prestación de numerosos y muy diversos servicios de personas y medios materiales» pero «sin constatar la veracidad» de los mismos.

En la misma línea se pronuncian al resto de acusaciones, entre ellas la ejercida por el PSOE, que a través del letrado Gabriel Alcón Marín, pone de manifiesto que tanto los informes del interventor como del secretario reflejan que «no era un convenio lo que se firmó» sino un contrato administrativo que debía regirse por la Ley de Contratos del Sector Público y que no tenía competenciar para suscribir.

Agrega esta parte que, aún en el caso de que se hubiera firmado de manera legal, este contrato «nunca» desplegaría sus efectos hacia atrás, reconociendo como presuntamente se hizo más de una treintena de facturas de trabajos extraordinarios acometidos entre 2013 y 2015.

«BUENO PARA LA CIUDAD»

En la primera sesión del juicio, Fuentes defendió que este convenio fue «bueno para la ciudad» en tanto que se logró reducir en unos 300.000 euros la deuda existente en la tele municipal.

Asimismo, recalcó que él no intervino en la elaboración de este convenio ni en sus cláusulas jurídicas y que, como el resto de documentos que firmaba a diario, «llegó a su mesa» ya habiendo sido revisado por el coordinador de área, por lo que desconocía los pormenores.

Aunque la Audiencia Provincial le absolvió por este asunto en noviembre de 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) estimó el recurso presentado por la Fiscalía y anuló el juicio y la posterior absolución, ordenando que se volvieran a enjuiciar los hechos por un tribunal distinto, como se ha hecho ahora. Este segundo juicio ha quedado ya visto para sentencia.