El empleo digno y el acceso a la vivienda, entre las prioridades de los socialistas granadinos

El PSOE de Granada ha situado la protección de las pensiones y la Dependencia, el fortalecimiento de la Universidad pública, el empleo digno y el acceso a una vivienda asequible como prioridades para las elecciones generales del 29 de noviembre. Tras un encuentro con colectivos ciudadanos, entre ellos asociaciones de personas mayores y jóvenes, el secretario general del PSOE de Granada y candidato al Senado, Pedro Fernández, ha reivindicado las conquistas sociales y labores de estos años de gobierno socialista y ha advertido de que las próximas elecciones «confrontan dos modelos de país», reprochando al PP y Vox que «eviten explicar sus propuestas en materia de protección social».

«Hay quienes prefieren esconder sus planes detrás de toneladas de crispación porque, cuando se confrontan modelos y políticas, quedan al descubierto las consecuencias de sus planteamientos y de la motosierra que han elegido como símbolo», ha afirmado.

Asimismo, ha recordado que el Gobierno progresista de Pedro Sánchez ha impulsado la mayor subida de las pensiones de la historia de la democracia y ha destacado que la pensión media de jubilación en Granada ha aumentado 453 euros, al pasar de 906,47 a 1.360 euros.

«El PSOE defiende la viabilidad del sistema»

En este contexto, ha apuntado a que casi 200.000 pensionistas de la provincia «se juegan mucho el próximo 29N. Frente a quienes cuestionan el sistema público, el PSOE defiende la viabilidad del sistema y unas pensiones dignas y sostenibles», ha manifestado ante los asistentes.

Fernández también ha destacado el refuerzo de la Ley de Dependencia y el blindaje legal de la financiación estatal para que el Estado asuma el 50 por ciento del gasto del sistema. Una medida que supondrá más de 954 millones de euros adicionales para Andalucía entre 2026 y 202 y alrededor de 130 millones a Granada.

De igual forma, ha aludido la situación de la sanidad pública andaluza y ha lamentado las dificultades para conseguir citas en Atención Primaria y los desplazamientos que deben afrontar pacientes de la zona norte de la provincia para acceder a determinadas pruebas diagnósticas en Murcia. Frente a esta situación, ha recordado la aportación de 15,4 millones de euros del Ministerio de Sanidad para financiar íntegramente la construcción de los centros de salud de Salobreña y La Rosaleda en la capital.

Por su parte, la cabeza de lista al Congreso de los Diputados, María José Sánchez, ha apuntado a las dificultades de la juventud para desarrollar su proyecto de vida y ha defendido el papel de las políticas públicas del Gobierno de España para garantizarles formación, empleo y salarios dignos y las posibilidades de emancipación.

Así, la socialista ha enfatizado la reforma laboral y su contribución a reducir la temporalidad que han permitido que los contratos indefinidos han aumentado un 356,6 por ciento en la provincia y ha recordado que el Salario Mínimo Interprofesional ha subido casi un 66 por ciento y ha beneficiado a más de 40.000 granadinos.

En materia educativa, ha denunciado la situación de financiación de las universidades públicas andaluzas y ha reclamado a Moreno Bonilla que cumpla con el modelo de financiación autonómico tras la petición de recursos por parte de las universidades públicas.

En este contexto, ha contrapuesto la apuesta del Gobierno de España por la formación pública, con 2.559 millones de euros destinados a becas para el curso 2026-2027, un 83 por ciento más que los 1.399 millones de euros del último Gobierno del PP.

Acceso a una vivienda digna y asequible

Tras situar el acceso a una vivienda digna y asequible entre los principales problemas de la juventud granadina, ha defendido las medidas del Gobierno de España para facilitar la emancipación, entre ellas el Bono de Alquiler Joven y el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 con 1.200 millones previstos para Andalucía.

Por último, ha emplazado al PP a aclarar qué posición mantendrá en el Congreso ante los decretos-leyes de vivienda pendientes de convalidación, pues la vivienda es un derecho y las administraciones tienen que poner soluciones encima de la mesa.