El Supremo ordena que los seguros indemnicen a los vecinos de la urbanización Cármenes del Mar

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS) ha avalado las reclamaciones de propietarios de dos subsectores del complejo urbanístico Cármenes del Mar, en La Herradura, y obliga a las compañías de seguros de dos de los urbanizadores a pagar las cantidades máximas de sus pólizas de responsabilidad civil. Cármenes del Mar es una macrourbanización en la referida zona de la costa que se construyó sobre la ladera de un cerro inestable, lo que ha supuesto graves perjuicios para su habitabilidad y que ha llevado a los propietarios de las casas a ejercer varios procesos judiciales.

La sentencia firme del TS, sobre la que ha adelantado información este martes el diario ‘Ideal’, supone estimar un recurso de casación presentado por los referidos propietarios de las suburbanizaciones Pueblo de La Herradura y Atarazanas de La Herradura y que en la práctica condena a las aseguradoras a «pagar las cantidades que cubran los costes de las obligaciones de reparación a las que resultaron condenados sus respectivos asegurados», exactamente lo que estipulan en las pólizas, de seis y cuatro millones de euros respectivamente.

El abogado de los vecinos, Hilario Aranda, ha explicado a Europa Press que las compañías de seguros ya consignaron notarialmente estas cantidades máximas en febrero de 2022, si bien ha aclarado que, «después de aquel acta notarial», reclaman que «la consignación no era la entrega del dinero, sino que se consignaba ‘condicionada’ y entendimos que no se hacía realmente una consignación judicial. Así lo pusimos en nuestra demanda».

Así pues, los diez millones de euros referidos eran las cuantías máximas previstas en las pólizas de seguro de dos urbanizadores (una compañía de geotecnia y un arquitecto) y por tanto son las cantidades que las compañías tendrán que abonar a los vecinos.

Aranda ha destacado que para las comunidades de propietarios que representa, esta resolución es «fundamental» porque «contarán con dinero para realizar las obras de estabilización y reparación de la urbanización que impidan o que ralenticen el deslizamiento que existe en la ladera Cerro Gordo donde está ubicada la urbanización».

«Este es el inicio de otra serie de procedimientos judiciales que se van a instar contra el resto de las compañías de seguro del resto de los demandados y condenados», ha explicado el letrado.

Sentencia del Supremo

Esta sentencia del Supremo representa el tercer procedimiento judicial que las comunidades de propietarios de Cármenes del Mar han iniciado en busca de soluciones. Los anteriores procedimientos no habían logrado resultados ejecutables.

El primero, contra los responsables de la construcción, terminó con sentencia condenatoria, pero «todos aquellos responsables se situaron en una posición de insolvencia, presentaron concursos empresariales en la empresa o declararon su insolvencia personal», ha expuesto el letrado.

El segundo procedimiento fue un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Almuñécar que también resultó condenatorio, pero «tuvo un auto de imposibilidad material de ejecución porque el ayuntamiento no tiene medios ni técnicos ni económicos para asumir la obligación de reparar», ha indicado Aranda. Las obras de reparación rondan «entre los 50 y 60 millones de euros, según reconoce el propio Ayuntamiento», señala el abogado.

Cármenes del Mar comprende más de 400 viviendas distribuidas en siete subcomunidades o suburbanizaciones, siendo especialmente grave la situación en las dos que representa Aranda. «En caso de Pueblo La Herradura, por ejemplo, hay casi 40 viviendas desalojadas con acuerdo de desalojo por ruina urbanística», detalla el abogado.

Aranda también explica que los residentes viven en condiciones de estrés permanente debido a la inestabilidad del terreno. «Cuando llueve en Cármenes del Mar, las viviendas se mueven», ha afirmado el abogado, quien ha añadido que «algunos de mis representados han somatizado el estrés que le ha provocado esta situación, ver como su casa poco a poco se va deteriorando con el miedo de que colapse».

Por último, el abogado ha expresado su esperanza en que las aseguradoras cumplan voluntariamente con la sentencia: «Yo espero que esta sentencia no sea necesario ejecutarla y las compañías paguen voluntariamente porque es verdad que han llegado hasta el Tribunal Supremo oponiéndose a nuestra acción judicial».