El secuestro en Maracena, el fraude en la Policía Local y los casos que ocupan el nuevo año judicial en Granada

El nuevo año judicial 2026/2027 traerá consigo el desenlace de varios casos destacados en los juzgados granadinos, como el juicio por el secuestro de la concejal de Maracena Vanessa Romero, los últimos coletazos del caso Marchelo y de la Nazarí después de varios lustros; o el avance de la instrucción de la macrocausa por el presunto fraude en las oposiciones a la Policía Local.

La primera cita señalada de este nuevo curso judicial tendrá lugar el 9 de septiembre. Ese día, el Tribunal Supremo deliberará sobre el ‘caso audioguías’ de la Alhambra, tres años después de que la Audiencia de Granada absolviera a la exdirectora del monumento, María del Mar Villafranca, y al resto de acusados de cometer irregularidades en este servicio.

La Audiencia no consideró acreditadas las irregularidades ni el quebranto económico a la Alhambra –que la Fiscalía llegó a fijar en 1,2 millones de euros– pero la Junta de Andalucía no estuvo conforme con la resolución y recurrió al alto tribunal, que deberá escribir el último capítulo de este caso.

También en septiembre, del 22 al 24, está previsto que se celebre el juicio por la última pieza pendiente del caso Marchelo, vinculada a presuntas irregularidades en la tramitación y construcción de una gasolinera en Alhendín.

En esta pieza están acusados el que fuera concejal de Urbanismo en el momento de los hechos; dos ediles de la época, un arquitecto municipal y el empresario al que se le concedió la licencia para la gasolinera. La Audiencia de Granada archivó provisionalmente la causa por motivos de salud para el entonces alcalde de Alhendín, José Guerrero (PP).  En mayo del pasado año se conocieron las condenas de dos años de prisión para Manuel Fernández, que fue concejal de Urbanismo en el municipio; y un año para cinco empresarios, entre ellos, Juan Muñoz Tamara, marido de Ana Rosa Quintana.

También en torno a septiembre se esperan novedades en el caso de Juana Rivas, quien tiene abierta una causa por sustracción de menores pendiente, ahora, del pronunciamiento de la Fiscalía. Paralelamente, en Italia se prevé la continuación del juicio contra su expareja por presunto maltrato a los dos hijos que tienen en común.

Por su parte, el mes de octubre traerá consigo el juicio de los padres de acogida de Gójar que reclaman la vuelta a su hogar de la menor de siete años que ha convivido con ellos durante 17 meses y que salió del domicilio para una adopción que al final no llegó a materializarse. Reclaman el retorno de la pequeña y que se inste a la Junta para iniciar los trámites que les permitan acogerla de forma permanente.

Antes de ese juicio, el 1 de octubre, tendrá lugar en la Audiencia de Granada la audiencia preliminar en la causa contra el juez ya jubilado Manuel Piñar por la presunta comisión de un delito de odio por unos supuestos comentarios despectivos hacia colectivos de migrantes y minorías étnicas a través de Facebook.

MARACENA, OPOSICIONES Y VIOGÉN

En noviembre llegará, tras varios aplazamientos, el juicio contra el acusado de secuestrar, en febrero de 2023, a la que fuera concejal socialista en Maracena Vanessa Romero. El procesado era en ese momento la pareja sentimental de la entonces alcaldesa de la localidad, Berta Linares (también del PSOE) y se enfrenta a una petición fiscal de ocho años de cárcel.

A lo largo de este año judicial se esperan avances en la instrucción de la macrocausa sobre supuestos amaños en varias oposiciones de la Policía Local de Granada y otros municipios de la provincia, donde hay ya medio centenar de investigados pendientes de ser citados a declarar ante el juzgado.

El germen de este caso llegará a juicio en febrero del año que viene. Se trata de la causa contra el que fuera secretario general del Sindicato Independiente de Policía Local de Granada (SIPLG) entre 2015 y 2021 por, presuntamente, apropiarse de 72.082 euros de las cuotas de los afiliados de este y de otro sindicato policial con sede en Granada.

Durante la instrucción, el acusado alegó que esta denuncia era una maniobra para silenciarle y ocultar las supuestas trampas en los exámenes, lo que derivó en la investigación que ha dado origen a la macrocausa.

También se esperan novedades en el conocido como ‘caso Viogén’, en el que se investigan presuntos accesos irregulares de varios agentes de la Policía Local al sistema de seguimiento de víctimas de violencia machista del Ministerio del Interior. Las pesquisas apuntan a que entraron en la plataforma para obtener datos personales de la expareja de un subinspector que fue condenado hace unos meses por malos tratos. La víctima declaró ante el juzgado antes del verano y la causa está pendiente del pronunciamiento de la Fiscalía y el resto de partes personadas.