El PSOE, en contra de modificar la ordenanza en Granada sobre excepciones al convertir locales en vivienda

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada ha presentado este lunes alegaciones a la modificación del artículo 59.1 de la Ordenanza Municipal de Edificación planteada por el equipo de Gobierno del Partido Popular, al considerar que «responde a intereses particulares y perjudica el acceso a la vivienda en la capital».

En rueda de prensa, el concejal socialista Jacobo Calvo, acompañado por la edil Eva Fernández, ha criticado el cambio propuesto por Carazo en una norma aprobada hace apenas un año que busca restringir la conversión de locales en viviendas «para responder a las quejas de algunos particulares a los que no les gusta que en los bajos de sus pisos vivan familias a precios más asequibles». Para el socialista, «no se entiende que se quiera fomentar la vivienda, pero cuando es en un edificio especial y a los vecinos no les gusta, Carazo empieza a sacarse excepciones de la manga».

En este contexto, Calvo ha lamentado la doble vara de medir de la alcaldesa y la ha retado a que, si de verdad «le importan las familias granadinas, incluya en la Ordenanza de Edificación la prohibición de que estas nuevas viviendas construidas en locales puedan usarse como apartamentos turísticos». «El objetivo de esta ordenanza es aumentar el número de viviendas en locales comerciales en desuso, que además son más accesibles para muchas personas; limitar el uso turístico garantiza que no formen parte de la espiral de especulación en la que estamos», añade el concejal.

«Sin justificar»

Durante su intervención, Jacobo Calvo ha recordado que la norma apenas tiene un año de vigencia y que la modificación propuesta carece de motivación explícita en el expediente municipal. «Nos encontramos ante una decisión que el equipo de Gobierno ha tomado sin papeles, sin argumentos y sin justificar», critica. «Aquella decisión de permitir el cambio de uso de locales a vivienda contribuía a generar nuevas viviendas asequibles desde el punto de vista económico y accesibles en cuanto a movilidad. Resulta que ahora han hecho una modificación para dar respuesta a demandas concretas, perjudicando el interés general de ampliar la oferta residencial», ha aseverado Calvo.

El edil socialista ha afeado además las que ha considerado como «contradicciones» del PP respecto a la regulación del mercado inmobiliario. «Cuando este grupo municipal plantea medidas para el alquiler o para zonas tensionadas, el PP responde que el mercado no se puede tocar. Sin embargo, ahora ellos sí intervienen la ordenanza y la modifican para el interés particular de unos pocos», ha criticado el concejal socialista. En este contexto, ha subrayado que desde su formación se exige al Ayuntamiento que intervenga «para conseguir más vivienda asequible, para personas con movilidad reducida y jóvenes, y no para favorecer la especulación o permitir que estos espacios acaben convertidos en pisos turísticos».

Por su parte, la concejal Eva Fernández ha desglosado las alegaciones presentadas por la formación, articuladas en torno a la falta de justificación de las supuestas «distorsiones» alegadas por el PP y la desproporción de aplicar una prohibición total.

Para el grupo socialista, «el expediente está falto de justificación; nos hablan en términos genéricos de que se generan ‘distorsiones’, pero no especifican cuántos expedientes se han tramitado ni dónde están los problemas urbanísticos reales. Nos tienen acostumbrados a aprobar las cosas con su mayoría absoluta sin trabajarlas ni justificarlas», ha argumentado Fernández.

La edil ha remarcado que la norma elimina una oportunidad idónea para crear tipologías habitacionales adaptadas: «No se puede prohibir por el simple hecho de que una vivienda resulte de un tamaño diferente al entorno; una tipología distinta no es un problema urbanístico. Defendemos que las viviendas deben cumplir estrictamente con los criterios de habitabilidad, luz y accesibilidad, pero no se debe prohibir tajantemente sin estudiar alternativas regulatorias menos restrictivas«, ha señalado.

Finalmente, Fernández ha reclamado que cualquier modificación de la ordenanza aproveche para blindar el parque residencial: «Pedimos que, si van a modificar la norma, incluyan mecanismos legales para impedir que estos locales reconvertidos se destinen a uso turístico. De lo contrario, lo único que se consigue es gentrificar de nuevo los barrios en lugar de aportar soluciones a las personas mayores y a los jóvenes que buscan emanciparse en Granada», ha concluido.