El juez Piñar recusa al tribunal de la Audiencia de Granada encargado de enjuiciarle

La causa contra el juez Manuel Piñar por la presunta comisión de un delito de odio por unos supuestos comentarios despectivos hacia colectivos de migrantes y minorías étnicas a través de Facebook ha llegado a la Audiencia de Granada para su enjuiciamiento.

El asunto ha recaído en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada, si bien el magistrado –ya jubilado– ha recusado al tribunal y la causa está pendiente de que se resuelva sobre este asunto antes de que pueda señalarse la fecha del juicio, según han detallado a Europa Press fuentes judiciales.

No es la primera vez que Piñar –conocido por su condena a Juana Rivas por sustracción de menores– ejerce acciones contra magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia.

Hace unos meses presentó una querella contra los tres magistrados que ordenaron reabrir la investigación contra él por delito de odio –la que ahora está pendiente de juicio–, si bien el TSJA lo archivó por entender que la denuncia era «inconsistente jurídicamente».

Los magistrados de la Audiencia de Granada ordenaron reabrir la causa tras revisar el contenido de las publicaciones del juez que se recogen en la denuncia, al entender que algunas de ellas contienen «epítetos, calificativos o expresiones que se refieren de forma despectiva a ciertos grupos étnicos, razas o nacionales de ciertos países los cuales, en caso de haber tenido la necesaria trascendencia pública, pudieran comportar una incitación a la discriminación o al odio contra esos colectivos».

Así las cosas, el pasado abril, el Juzgado de Instrucción 8 de Granada acordó la apertura de juicio oral contra Piñar por la presunta comisión de un delito de odio, en una causa en la que la Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento provisional.

Piñar negó en sede judicial la autoría de las publicaciones en Facebook y enmarcó esta denuncia en una «persecución» hacia su persona.

El caso surge a raíz de una denuncia del abogado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, cuyo despacho ejerce acusación junto a la Asociación Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género Institucional y solicita que el magistrado sea condenado a 18 meses de prisión y multa de 6.600 euros.

La acusación particular lamentó en su momento lo que consideró un «cambio injustificado y sorpresivo» de la Fiscalía en este caso, toda vez que fue su recurso el que propició que se reabriera la causa en 2023 y sin embargo luego, coincidiendo con el cambio del fiscal de Delitos de odio en la provincia de Granada, pidió el archivo.