El Ingreso Mínimo Vital llega a casi 28.000 hogares granadinos en diciembre donde viven más de 33.000 menores

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en diciembre a 27.921 hogares en Granada donde viven 84.640 personas, según la última estadística publicada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Del conjunto, el 39,6% son niños, niñas y adolescentes, en concreto 33.552.

La cuantía media de la prestación ha sido de 539,97 euros al mes por hogar, y, en conjunto, la nómina actual ha ascendido a 16,63 millones de euros, según ha señalado la subdelegación del Gobierno en una nota de prensa recogida por EP.

Al finalizar 2025, había 13.357 beneficiarios más que un año antes (71.283), es decir, ha experimentado un crecimiento del 18,7%.

En este año 2026, la cuantía de las prestaciones en alta va a verse revalorizada un 11,4%, como se ha previsto en el Real Decreto-ley que incluye la revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de Clases Pasivas del Estado y de otras prestaciones públicas para 2026.

Se da así respuesta a lo establecido en el Real Decreto-ley 2/2023 y a la recomendación 15 del Pacto de Toledo, que persigue la garantía de suficiencia de las pensiones, con el objetivo de que sean dignas y suficientes.

Además, tanto por las características de los titulares como de los beneficiarios, el IMV tiene un marcado perfil femenino, donde el 70,4% de los titulares (19.681) y el 52,5% de los beneficiarios son mujeres, en concreto, 44.497. Desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido a más de un millón de personas en la provincia de Granada, de los que 50.471 son niños, niñas y adolescentes.

El Ingreso Mínimo Vital constituye de forma particular una herramienta esencial en la lucha contra la pobreza infantil, ya que incrementa la cuantía de la prestación en función del número de menores de la unidad de convivencia.

Actualmente, el 39,6% de los beneficiarios en Granada son menores de edad, lo que supone 33.552 niños y adolescentes protegidos por esta prestación. En diciembre, en más de dos tercios de las familias cubiertas por el IMV (19.004 hogares, el 68% del total) conviven con menores de edad. De ellas, 4.170 son hogares monoparentales.

Complemento de Ayuda para la Infancia

El Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo a cargo. En diciembre, 19.550 hogares recibieron el CAPI, con una ayuda media de 69,31 euros por menor. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años.

El CAPI puede percibirse de manera independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios. Así, además de proteger a familias en situación de pobreza severa, alcanza a hogares con rentas bajas o moderadas.

Por ejemplo, puede solicitarlo una familia de dos adultos y dos menores con ingresos de hasta 3.755 euros al mes, lo que amplía significativamente el alcance de la red de protección frente a la pobreza infantil.

En esta línea, la media de edad de los beneficiarios del IMV es de 43,74 años. El Gobierno ha incorporado mejoras en el IMV como, por ejemplo, pueden solicitarlo personas mayores de 18 años o menores emancipados con hijos a cargo, al tiempo que se ha reducido el período de vida independiente para los jóvenes menores de 30 años, de 3 a 2 años.

En relación a los requisitos generales para solicitar el IMV, es una prestación de la Seguridad Social que garantiza un nivel mínimo de ingresos a los hogares en situación de vulnerabilidad y que se puso en marcha hace más de cinco años.

Se configura como un derecho subjetivo, adaptado a la realidad de cada unidad de convivencia, y constituye un instrumento clave en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Para solicitar el IMV, es necesario haber residido en España de forma legal, efectiva y continuada durante al menos el año anterior. La residencia se demuestra mediante la inscripción en el registro central de extranjeros en el caso de ciudadanos comunitarios y suizos, o con la correspondiente autorización en el caso de personas de terceros países.

El domicilio en España se verifica con certificado de empadronamiento, y la unidad de convivencia se demuestra mediante el libro de familia, certificados del registro civil o datos padronales. Además, tanto la persona solicitante como el resto de los miembros de su hogar deben encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, al no disponer de ingresos o patrimonio suficientes. El IMV es compatible con rentas del trabajo y contempla incentivos para favorecer la inserción laboral y mejorar las condiciones de vida de las familias.