El alcalde de Almuñécar exige que el Gobierno asuma todo el «sobrecoste» de las tuberías de Rules

El alcalde de Almuñécar, Juanjo Ruiz Joya, del PP, ha indicado este viernes que no permitirá que «la incompetencia» que ha achacado al Estado en la gestión del proyecto de las conducciones de Rules «la paguen» los agricultores de este municipio de la costa granadina, y ha exigido que el Gobierno central asuma «el cien por cien» de un «sobrecoste de 200 millones de euros», que ha dicho ha estado «provocado exclusivamente por su desidia administrativa y sus continuos retrasos».

En una nota de prensa recogida por EP, Ruiz Joya ha dado estos datos apuntando al Ministerio de Transición Ecológica que, según «la propia legislación vigente» y «al estar declaradas como obras de interés general del Estado» las conducciones de Rules, «la competencia y la responsabilidad financiera recaen sobre el Gobierno de España».

«No estamos pidiendo caridad, estamos exigiendo que cumplan la ley. Si la obra es más cara hoy que hace diez años es culpa única y exclusivamente de quienes guardaron los proyectos en un cajón. El Estado es el responsable de la obra y, por tanto, el Estado debe ser el responsable de la factura de su retraso», ha argumentado.

Se ha referido a la «última actualización presupuestaria sobre las conducciones del sistema Béznar-Rules» para incidir en que «este Ayuntamiento no tolerará que se meta la mano en el bolsillo de los agricultores sexitanos para pagar los errores de Madrid».

«El presupuesto global se ha disparado hasta los 525 millones de euros –un sobrecoste de más de 200 millones respecto a lo previsto», y, en este contexto, el regidor ha calificado la situación de «insulto a la inteligencia y al esfuerzo» de Almuñécar y La Herradura.

«El Gobierno pretende que la factura de su inutilidad la paguen las familias de Almuñécar y La Herradura. Esos 200 millones de sobrecoste no son por mejoras técnicas, son el ‘impuesto a la dejadez’ de una administración que ha llegado años tarde. Y ese impuesto bajo ningún concepto lo van a asumir mis agricultores», ha remachado.

También se ha referido a la gestión de los recursos europeos por parte del Ejecutivo central, alegando que «es imperdonable que, por pura apatía y falta de agilidad burocrática, se hayan dejado perder más de 80 millones de euros de los fondos Next Generation que nunca volverán. Ese dinero era oxígeno para nuestro campo y lo han dejado escapar por el desagüe de la incompetencia. No se puede tener tal nivel de negligencia y luego venir a pedirle dinero al regante».

Para el gobierno municipal, cargarlo «sobre la espalda de los comuneros es una línea roja». El alcalde ha defendido que el modelo de financiación debe «respetar escrupulosamente el 80/20 pactado inicialmente para la parte base», pero matizando que «el sobrecoste generado por la tardanza debe asumirlo al cien por cien la Administración central. Al agricultor se le cobra por la obra, no por la torpeza del gestor».

Exigencia de mesa de trabajo

Ante esta situación, el alcalde ha exigido al Gobierno que «abandone la inacción y convoque de inmediato una reunión al más alto nivel entre administraciones» en una mesa de trabajo «real». Sin embargo, ha puesto condiciones: «No queremos encuentros protocolarios ni palabras vacías».

«Exigimos sentarnos con un plan serio encima de la mesa, con una hoja de ruta que tenga fechas de finalización y con compromisos de financiación firmados en el Boletín Oficial del Estado. Se acabó el tiempo de las excusas; necesitamos certezas».

Mancomunidad de Municipios

Sobre este tema, la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical ha señalado este viernes que «continuaremos defendiendo ante todas las administraciones las infraestructuras estratégicas que necesita nuestra comarca, desde los espigones del litoral hasta las canalizaciones de Béznar-Rules y la mejora de las conexiones terrestres».

Ha sido en una nota de prensa en la que el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Rafael Caballero, del PP, ha confirmado que los presupuestos anuales han quedado aprobados definitivamente, tras concluir el plazo de alegaciones sin que se haya presentado ninguna.