Renovado el convenio para garantizar agua a las personas en situación de vulnerabilidad

El Ayuntamiento de Granada y Emasagra, la empresa mixta encargada de la gestión del agua, han renovado este jueves el convenio de colaboración para luchar contra la hidrovulnerabilidad, una realidad que afecta a personas y familias que atraviesan dificultades económicas y no pueden afrontar el pago de sus facturas de agua.

Esta alianza se enmarca dentro de los objetivos de desarrollo social y sostenibilidad del municipio y responde «al firme compromiso de ambas entidades por no dejar a nadie atrás», según ha informado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa este jueves.

Según la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, «el acceso al agua es un derecho esencial que ninguna persona debe perder por falta de recursos. Con este acuerdo, el Ayuntamiento de Granada da un paso decidido para blindar este derecho y proteger a quienes más lo necesitan».

Para la regidora, «la justicia social comienza en los servicios básicos, y garantizarlos es una obligación moral e institucional». El convenio, con una duración inicial de cuatro años, establece un marco de actuación conjunto que permitirá atender situaciones de precariedad mediante acciones coordinadas, ágiles y adaptadas a cada caso, informa EP.

Entre las medidas más destacadas se encuentran el fraccionamiento personalizado de deudas por impago de agua, atendiendo a la situación económica de cada usuario o la suspensión de cortes de suministro para personas que hayan sido valoradas por los Servicios Sociales como hidrovulnerables.

Bonificaciones de hasta el 80%

También la reanudación del servicio con bonificaciones de hasta el 80% en los costes de reconexión, en caso de interrupciones injustificadas o la posibilidad de acceso a bonificaciones sociales y al Fondo Social del Agua, gestionado por Emasagra.

Según ha subrayado Carazo, es prioritaria la atención a personas que inicien procedimientos de ayuda o estén en valoración por parte del Ayuntamiento, con acceso gratuito al cambio de titularidad de contratos de agua para facilitar la gestión de ayudas a arrendatarios en situación de pobreza hídrica.

La regidora ha señalado que este convenio no es solo un mecanismo técnico, sino un ejemplo de colaboración público-privada con vocación social. Ayuntamiento y empresa suman esfuerzos, recursos y capacidades para llegar más lejos y responder de forma integral a una problemática compleja y creciente, como es la pobreza hídrica.

«La colaboración público-privada que impulsa este acuerdo tiene un enfoque profundamente humano. No se trata solo de números, sino de personas, de familias, de menores y mayores que merecen vivir con dignidad», ha explicado Craazo, quien ha destacado que «una sociedad que no garantiza derechos básicos no puede considerarse plenamente democrática ni justa».

Minimizar tiempos de espera

El convenio fortalece además la red municipal de servicios sociales, que contará con apoyo técnico y canales directos de comunicación con Emasagra para «agilizar trámites y minimizar tiempos de espera».

Además, el convenio contempla la creación de una comisión técnica de seguimiento, encargada de coordinar, evaluar y mejorar la aplicación del acuerdo, así como la celebración de reuniones periódicas entre personal de Emasagra y los centros municipales de Servicios Sociales.

Emasagra aplicó medidas sociales a un total de 4.517 familias vulnerables, que se corresponden con un tres por ciento del total de usuarios de la compañía municipal. La empresa también dispone de un plan de bonificaciones para colectivos desfavorecidos, como pensionistas o jubilados, desempleados, familias numerosas, discapacitados con grado igual o superior al 65%, personas dependientes o víctimas de violencia de género.