Comienza este miércoles el juicio de la mujer abrasada en el ‘escape room’ de Cájar

El Juzgado de lo Penal número 5 de Granada celebra este miércoles el juicio contra los tres hombres vinculados a la ‘escape room’ de Cájar de la que una mujer salió abrasada tras ser rociada durante el juego con un líquido que llevaba gasolina y al que presuntamente prendieron fuego.

Los hechos se produjeron en junio de 2022 y la mujer, de 42 años, sufrió quemaduras graves por las que tuvo que ser ingresada en la UCI del área de Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Tras lo ocurrido, la escape room anunció la suspensión de su actividad.

El caso llegará a juicio después de que las partes no lograran cerrar un acuerdo en la vista previa que hubo al efecto hace unos meses.

Dos años de prisión

La Fiscalía ha solicitado una pena de dos años de prisión para los tres acusados por un delito de lesiones por imprudencia grave y también solicita que indemnicen conjunta y solidariamente a la víctima en cerca de dos millones de euros por las lesiones y los daños sufridos, que le han dejado secuelas físicas pero también psicológicas, según consta en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press.

Los hechos se remontan a las 22,40 horas del 27 de junio de 2022, cuando la víctima se desplazó a esta vivienda de Cájar, llamada ‘Villa Amparo’, para participar en una escape room «hardcore» junto a otras personas.

Detalles del escape room

La escape room comenzó en la cocina de la vivienda, donde encerraron a los seis participantes hasta que lograron descifrar los enigmas para salir. Pasaron a una segunda habitación que era un cuarto de baño de donde también, tras resolver las pistas, salieron y llegaron a un pasillo que los llevó hasta una especie de salón y una habitación donde tenían que descifrar otras pistas.

Allí aparecieron dos actores –dos de los investigados– y se llevaron a uno de los participantes tras ponerle unos grilletes en la espalda. Le ordenaron que se metiera en una especie de ataúd y cerraron la caja con candado. Esa misma persona cogió a la víctima y le ordenó que se subiera una silla, donde fue atada de manos y le colocaron una soga al cuello. Ella se liberó pero se quedó en la misma postura para que los actores no lo notaran.

Seguidamente uno de ellos presuntamente le echó un líquido de un bidón y aunque ella alertó en más de una ocasión de que «olía muchísimo a gasolina», no obtuvo respuesta. Uno de los investigados encendió entonces un mechero y aunque la víctima sopló hasta en dos ocasiones para apagar la llama, a la tercera no lo logró «y prendió».

”Quedó a su suerte ardiendo”

El ahora investigado se fue y ella «quedó a su suerte ardiendo, por lo que lo único que se le ocurrió fue quitarse la camiseta», mientras que su amigo desde el ataúd le gritaba «rueda, rueda». Ella no podía hacer nada porque no veía con el humo hasta que llegó uno de los acusados, le roció con un extintor, la sacó para afuera y le echaron agua, llegando en ese momento sus amigos.

Varios de ellos también había sido rociados con este mismo líquido con gasolina en otra estancia por parte de los investigados, «a la espera de prenderles fuego también».

Sin permisos

El fiscal del caso hace hincapié en que los investigados no se cercioraron de la composición de la mezcla de agua con gasolina y en que el tercer acusado –gerente y poseedor de la vivienda– permitió el desarrollo de la actividad pese a ser consciente de la ausencia de medidas de seguridad y sin formar a los trabajadores en este ámbito.

De hecho, la actividad se desarrollaba sin «ningún tipo de autorización municipal ni de licencia», según se expone en el escrito de acusación, donde se alude también a la «carencia de indicaciones, de luces de salida de emergencia», a puertas y ventanas cerradas «sin apertura manual o automática» y a la presencia de extintores «para incendios eléctricos, no para combustibles».

La acusación particular ejercida por la víctima ha pedido tres años de prisión y fija la indemnización en 1,9 millones de euros –de los que se deben descontar 300.000 euros ya abonados por la aseguradora–, una cuantificación a la que se adhirió el fiscal en su escrito.