‘Caso Nazarí’: la pieza sobre el residencial Ciudad de la Luz comenzará a juzgarse el 8 de mayo

La pieza separada del ‘caso Nazarí’ vinculada a la concesión presuntamente irregular de la licencia de primera ocupación del residencial ‘Ciudad de la luz’, compuesto por 300 viviendas, se juzgará en la Sección Primera de la Audiencia de Granada.

El tribunal ha fijado una audiencia preliminar para el 8 de mayo a la que han sido citadas todas las partes implicadas en el proceso, según consta en un reciente escrito, al que ha tenido acceso Europa Press.

En estas audiencias preliminares suelen abordarse posibles acuerdos de conformidad que eviten la celebración del juicio, aunque en esta causa con varias acusaciones populares este extremo se antoja poco probable. También sirven estos encuentros para abordar cuestiones previas y la proposición y admisión de pruebas de cara a la vista oral.

Hace un año la jueza del caso Nazarí abrió juicio por esta pieza contra la exconcejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada Isabel Nieto (PP) y otros tres ex altos cargos de su área por la concesión presuntamente irregular de la licencia de primera ocupación de este residencial para presuntamente «beneficiar» a un promotor y sus empresas.

Petición de la Fiscalía

La Fiscalía ha pedido dos años de prisión y nueve de inhabilitación especial para empleo o cargo público para cada uno de ellos por presunta prevaricación urbanística y considera responsable civil al promotor presuntamente beneficiado, J.J. Romero; a dos de sus sociedades y al propio Ayuntamiento de Granada de manera subsidiaria.

La fiscal del caso, Sara Muñoz-Cobo García, considera que los cuatro acusados «puestos de común acuerdo» y «con la finalidad de beneficiar al promotor» acordaron «con vulneración de la legalidad urbanística» la concesión en 2012 de la licencia de primera ocupación para este conjunto residencial de dos edificios situado en la calle Pedro Machuca, que promovía este promotor a través de la empresa Casería de San Jerónimo S.L.

Mantiene la fiscal que la licencia se dio «aduciendo razones de interés público inexistentes» y «a pesar de no estar finalizadas las obras de urbanización como era preceptivo legalmente».

Afirma que los acusados actuaron en contra de los criterios establecidos en anteriores informes técnicos y sin el «preceptivo informe jurídico«.

Tampoco contaban supuestamente con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en lo referido al desvío del Barranco San Jerónimo, «contraviniendo» con ello «de forma muy grave la legalidad».

Vecinos afectados

A lo largo de su escrito, de 21 páginas, la fiscal Sara Muñoz relata que la puesta en servicio se «limitó a las manzanas ocupadas por las 300 viviendas» y por una estación de servicio, por lo que actualmente existe una «carencia de equipamientos y dotaciones al no haberse ejecutado el planeamiento» previsto.

De hecho, recalca que el «estancamiento» de la urbanización del PP-N2 «ha generado multitud de problemas a los vecinos del residencial Ciudad de la Luz» como «problemas de salubridad en los alrededores amén de la ausencia de servicios públicos como limpieza vial o recogida de basuras debido a la interpretación que hace el Ayuntamiento de que no ha sido recepcionada la urbanización» de este plan parcial.

En el ámbito de la responsabilidad civil, la fiscal solicita que las dos mercantiles del promotor y él mismo indemnicen los gastos de urbanización pendientes, tanto de nueva ejecución como de reparación de lo existente.

Al pago de esta indemnización se deberá destinar la cantidad depositada en el Ayuntamiento, según precisa la Fiscalía, explicando que los gastos han sido tasados en 1,4 millones de euros y de estas cantidades responde subsidiariamente el Ayuntamiento de Granada.

Nulidad de las licencias

Por contra, la fiscal descarta solicitar la declaración de nulidad de las licencias que presuntamente no se ajustaron a la ley en tanto que eso afectaría a terceras personas ajenas al procedimiento, como son los vecinos.

Este caso ya estuvo a las puertas del juicio a finales de 2024 pero fue objeto de varias anulaciones por parte de la Audiencia de Granada, que limitó los presuntos hechos delictivos a la recepción/ocupación parcial de la urbanización y dejó fuera otros posibles ilícitos, como el de cohecho, malversación de caudales públicos o tráfico de influencias.