Caso Marchelo: Fiscalía rebaja a siete meses su petición máxima de cárcel debido a las dilaciones indebidas

La Fiscalía ha rebajado este lunes su petición de condena para los acusados en la última pieza separada del llamado ‘caso Marchelo’ al apreciar la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, solicitando penas que en ningún caso superan los siete meses de cárcel.

Esta pieza está vinculada a presuntas irregularidades en la tramitación y construcción de una gasolinera en Alhendín y afronta su desenlace después de que la instrucción de la macrocausa a la que pertenece se haya dilatado durante casi veinte años.

La fiscal del caso ha tenido en cuenta esta circunstancia para todos los acusados en la última sesión del juicio, que se ha celebrado este lunes en la Sección Primera de la Audiencia de Granada. Así, ha pasado de solicitar entre 18 y 21 meses de prisión en su escrito de conclusiones provisionales a condenas que no superan los siete meses de cárcel en el escrito que ha elevado a definitivo ante la Sala.

El caso ha sentado en el banquillo de los acusados al concejal de Urbanismo en el momento de los hechos, Manuel Fernández; a otros dos ediles que formaban parte de la comisión de gobierno, un arquitecto municipal y los dos empresarios –padre e hija– a los que se concedió la licencia para la gasolinera.

Hace 24 años

Los hechos se remontan a 2002, cuando el entonces alcalde, José Guerrero (PP), presuntamente negoció la venta de una finca de su propiedad para la construcción y explotación en ella de una estación de servicio en un terreno calificado como ‘suelo urbano, agrupación intensiva de vivienda unifamiliar». La causa ha sido archivada provisionalmente para el exregidor ya nonagenario por motivos de salud.

Tanto el exconcejal de Urbanismo como el resto de exediles se enfrentaban inicialmente a una petición fiscal de 18 meses de prisión por delito continuado de prevaricación que ahora el Ministerio Público ha rebajado a siete meses en el caso del primero y a cuatro meses para los otros dos además de penas de inhabilitación.

Durante el juicio declararon que la gasolinera contó con los informes favorables de los técnicos, que ellos no revisaban los expedientes que iban a Junta de Gobierno Local y negaron presiones del alcalde para que votaran a favor.

Por su parte, la hija del empresario al que se adjudicó la gasolinera ha quedado fuera del procedimiento después de que la acusación particular haya retirado este lunes su acusación contra ella y dado que la Fiscalía pidió desde un inicio el sobreseimiento al entender que no ha quedado acreditada su participación en los hechos.

Respecto al otro empresario, la Fiscalía ha retirado el delito de tráfico de influencias y lo considera cooperador necesario del delito de prevaricación, por lo que reclama que sea condenado a siete meses de prisión y tres años de inhabilitación para empleo o cargo público frente a los 21 meses de prisión que le pedía inicialmente.

Respecto al arquitecto técnico que emitió los informes favorables del expediente, la Fiscalía ha rebajado su petición de 18 a 6 meses de cárcel. Junto a ello solicita tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Durante su declaración en el juicio ratificó el informe favorable a la gasolinera, afirmó desconocer que los terrenos eran del regidor porque en esa época «no se pedían títulos de propiedad para la concesión de licencias», y negó haber recibido presiones.

Este lunes han declarado, entre otros testigos, dos peritos de la Junta que se han ratificado en los informes contrarios que emitieron en su día respecto a la gasolinera.

Una de ellas, que ha declarado por videoconferencia, ha hecho hincapié en que las normas urbanísticas de la época no permitían construir la gasolinera en esa parcela de uso predominante residencial, al tratarse de una actividad peligrosa y «se tenía que haber denegado».

También ha declarado el técnico que redactó las normas subsidiarias de Alhendín, el cual por el contrario ha precisado que la gasolinera encaja con los usos compatibles que se permitían en este solar y que esta clase de interpretación de la norma era «habitual» y se hicieron intervenciones similares en otros municipios.

Otras dos piezas de la macrocausa

A diferencia de las otras dos piezas que integraban esta macrocausa (urbanización Novosur y polígono Marchalhendín), en las que un acuerdo entre Fiscalía, defensas y acusaciones evitó la celebración del juicio, en esta no ha sido posible.

El motivo radica en las diferencias sobre la responsabilidad civil y la indemnización que reclama el empresario al que no se concedió licencia para esta gasolinera y que ha ejercido la acusación particular.

Esta parte reclama para los tres exconcejales y para el técnico municipal una pena de 22 meses de prisión y nueve de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Para el empresario reclama dos años de prisión y nueve de inhabilitación.

El juicio ha quedado visto para sentencia, donde el tribunal desvelará si atiende o no la petición de la defensa del Ayuntamiento de Alhendín que reclama que se expulse al empresario como acusación particular al poner en duda su condición de perjudicado directo.