Las nuevas ordenanzas fiscales aplicarán bonificaciones fiscales al comercio, la cultura y a los cambios de calderas en Granada

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha presentado este martes la propuesta de modificación de cuatro ordenanzas fiscales para 2027, con nuevas bonificaciones dirigidas al comercio, la actividad cultural y la sustitución de calderas contaminantes, así como a favorecer la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Las medidas incluyen también cambios para agilizar la tramitación de licencias y adaptar la tasa de residuos municipales a los costes del servicio y a las necesidades detectadas durante su primer año de aplicación.

Carazo ha subrayado que esta transformación administrativa y la recuperación de las cuentas municipales deben tener una repercusión directa en la vida de la ciudad. «Nos comprometimos a mejorar la gestión del Ayuntamiento y a reducir la presión fiscal, y estamos dando pasos para cumplirlo. Lo hacemos con prudencia, porque la situación económica que heredamos era muy difícil, pero con la determinación de que cada avance en la mejora de la situación económica del Consistorio llegue a los granadinos”, ha señalado.

Al hilo, la alcaldesa ha subrayado que “queremos ayudar a las familias, a los autónomos y a quienes quieren poner en marcha un proyecto en Granada y con estas ordenanzas se beneficia al comercio tradicional, a la actividad empresarial asociada a la cultura y seguimos dando pasos para una Granada más sostenible y saludable”.

Las nuevas bonificaciones se suman a las aprobadas el año pasado en relación con la compra, el alquiler y la rehabilitación de viviendas. «Queremos un Ayuntamiento que facilite las cosas, que acompañe a los vecinos y que responda a lo que necesita Granada hoy. Revisar las ordenanzas también es gestionar mejor, porque una norma actualizada puede ayudar a reformar una vivienda, abrir un negocio o sacar adelante una iniciativa que llevaba demasiado tiempo esperando», ha añadido la alcaldesa.

Sustituir las calderas contaminantes

La modificación de la Ordenanza Fiscal número 3, reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, plantea una bonificación del 10% de la cuota íntegra del IBI durante tres años para quienes sustituyan calderas que utilicen combustibles contaminantes por sistemas de aerotermia. La medida pretende contribuir a la mejora de la calidad del aire y a la eficiencia energética de los inmuebles, ayudando a compensar el coste de renovar estas instalaciones.

Podrán acogerse inmuebles de cualquier uso catastral, incluidas las viviendas habituales, las destinadas al alquiler y los locales donde se desarrollen actividades económicas. El importe acumulado de la bonificación durante los tres años no podrá superar el 33% del coste de sustitución de la caldera.

El beneficio fiscal comenzará a aplicarse en el ejercicio siguiente al cambio de la instalación. De este modo, quienes realicen la sustitución en 2027 podrán disfrutarlo a partir de 2028, mientras que quienes la lleven a cabo en 2028 comenzarán a beneficiarse en 2029.

«Mejorar el aire que respiramos requiere actuar en distintos ámbitos y uno de ellos son las instalaciones de calefacción. Sabemos que cambiar una caldera supone un esfuerzo económico para muchas familias y negocios, y queremos ayudarles a dar ese paso hacia sistemas más eficientes. Cuidar Granada también es facilitar que nuestros vecinos puedan contribuir a una ciudad más saludable», ha explicado Carazo.

Apoyo al comercio y a la actividad cultural en los barrios

Por su parte, la modificación de la Ordenanza Fiscal número 4, reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, incorpora una bonificación del 25% de la cuota íntegra del ICIO para las construcciones, instalaciones y obras realizadas en locales directamente destinados a determinadas actividades culturales y comerciales, según detalla el Ayuntamiento en una nota remitida a GRXActualidad.

En el ámbito cultural, la propuesta comprende a pintores, escultores, ceramistas, artesanos, grabadores y similares; restauradores de obras de arte; escritores y guionistas; otros profesionales relacionados con actividades artísticas y culturales no clasificados en la sección tercera de las tarifas del IAE, así como bibliotecas y museos.

Marifrán Carazo ha destacado que “esta iniciativa parte del interés porque Granada sea la ciudad designada como capital europea de la cultura para 2031, pero no para quedarse de manera temporal, sino que se mantenga en el tiempo y que pase a formar parte del legado que este proyecto va a dejar en nuestra ciudad”.

En cuanto al comercio, podrán acogerse los establecimientos permanentes dedicados a la venta al por menor de productos alimenticios, bebidas y de productos industriales no alimenticios. Carazo ha vinculado este incentivo con la apuesta decidida del Ayuntamiento por la cultura y su extensión a todos los distritos, en el contexto de Granada 2031. La medida busca consolidar el tejido cultural, favorecer que los profesionales desarrollen su actividad en la ciudad y apoyar al pequeño comercio.

«Granada 2031 también se construye ayudando a quien quiere abrir un taller, desarrollar su actividad artística o mantener un pequeño comercio. Queremos que nuestros creadores encuentren aquí oportunidades para quedarse y que otros profesionales elijan Granada para establecerse. Esa actividad tiene que llegar a todos los distritos, porque la cultura forma parte de la vida de nuestros barrios», ha destacado.

La alcaldesa ha incidido en que el objetivo es dejar un tejido cultural más fuerte y con mayores oportunidades. «Nuestra apuesta por la cultura tiene que acompañar a quienes la hacen posible cada día. Y lo mismo ocurre con el comercio de cercanía, que da vida a nuestras calles y al que tendemos la mano facilitando la reforma y mejora de sus locales», ha añadido.

Esta ordenanza incorpora, además, una segunda bonificación del 25% del ICIO correspondiente a las instalaciones y obras necesarias para implantar puntos de recarga de vehículos eléctricos. Con ella, el Ayuntamiento pretende apoyar una movilidad más sostenible y contribuir a la mejora de la calidad ambiental.

Residuos: obligación estatal y correcciones en la aplicación municipal

En relación con la Ordenanza Fiscal número 25, reguladora de la tasa por gestión de residuos municipales, la propuesta responde a la obligación establecida por la Ley estatal 7/2022 de contar con una tasa específica, diferenciada y no deficitaria que refleje el coste real del servicio. Esta exigencia obliga a actualizar el estudio económico-financiero cuando varían los costes de su prestación.

Carazo ha enmarcado esta revisión en el rechazo del equipo de gobierno al denominado «tasazo de basuras» del Gobierno de Pedro Sánchez. «El Gobierno de España ha impuesto a los ayuntamientos la obligación de repercutir el coste del servicio a los ciudadanos. No compartimos esta decisión, pero tenemos que cumplir la ley. Nuestra responsabilidad es aprovechar el margen del que disponemos para corregir los desajustes y facilitar las bonificaciones que reduzcan su impacto en los granadinos», ha manifestado.

Para 2027, el estudio recoge unos costes fijos de 20.580.662,43 euros y unos costes variables de 5.231.423,06 euros, que suman 25.812.085,49 euros. El incremento global del coste del servicio respecto a 2026 es del 8,25%, con aumentos del 8,37% en los costes fijos y del 7,74% en los variables. Esta variación global no supone necesariamente un incremento idéntico en cada recibo.

Tras el primer año de aplicación, el Ayuntamiento propone introducir una corrección para determinados inmuebles de entidades sin ánimo de lucro en los que no se desarrolla actividad económica y cuya superficie y valor catastral elevan la cuota básica. La medida se dirige a usos catastrales religiosos, culturales y de beneficencia y sanidad, con titularidad de entidades cuyo CIF comience por G o R, cuando la cuota básica de gestión supere los 3.000 euros. También se aclara que el valor catastral, la superficie y el uso del inmueble serán los que consten en la sede electrónica del Catastro a la fecha de devengo, con los efectos temporales correspondientes.

Por último, se regula la solicitud de la bonificación existente del 90% de la cuota variable para empresas de distribución alimentaria y restauración que reduzcan significativamente los residuos alimentarios mediante sistemas de gestión en colaboración con entidades de economía social sin ánimo de lucro.

Podrá solicitarse en los 30 días naturales siguientes a la puesta en marcha del convenio o durante los dos primeros meses de un ejercicio posterior, acreditando su vigencia. Para mantenerla en los años siguientes bastará con presentar una declaración responsable durante los dos primeros meses de cada año.

Carazo ha expuesto que “estamos revisando las normas para que respondan a la Granada de hoy, con ayudas concretas para familias y negocios, con oportunidades para la cultura y con una administración que facilite las cosas. Queremos que la mejora de la gestión se note en la vida de los granadinos».