Armilla decreta el desalojo preventivo de un edificio con 36 viviendas afectado por los terremotos

El Ayuntamiento de Armilla ha decretado el desalojo preventivo del edificio situado en el número 1 de la calle Mérida, que comprende un total de 36 viviendas, a raíz de la solicitud de la comunidad de propietarios y la Dirección Facultativa encargada de las obras de reparación estructural del inmueble, afectado por los terremotos del pasado agosto.

La decisión responde a las condiciones de seguridad necesarias para ejecutar el proyecto de reparación definido por los técnicos contratados por la propia comunidad. En concreto, los trabajos iniciales han permitido detectar un deterioro del hormigón de mayor alcance del inicialmente apreciado en seis de los pilares del edificio que afecta a su núcleo resistente.

Esta circunstancia obliga a intervenir sobre elementos estructurales y a modificar temporalmente los sistemas de apuntalamiento existentes para poder acometer su reparación definitiva.

La Dirección Facultativa, designada por la Comunidad de Propietarios y responsable de determinar las soluciones técnicas para reparar el inmueble, ha comunicado al Ayuntamiento que la alternativa técnica elegida requiere que el edificio permanezca completamente desocupado durante la ejecución de las obras, las cuales exigirán el desmontaje y retirada de los elementos de apeo y apuntalamiento.

Tras recibir el escrito presentado el 22 de octubre por la Dirección Facultativa y la Comunidad de Propietarios, los servicios técnicos municipales realizaron una visita al edificio el día 23 y emitieron un informe en el que consideran justificada la necesidad del desalojo temporal para garantizar la seguridad durante la ejecución de las obras.

Trabajos de reparación

El informe municipal señala expresamente que esta nueva medida responde a circunstancias sobrevenidas, conocidas durante los trabajos de reparación, y que son diferentes de las que motivaron el desalojo inicial y el posterior realojo parcial autorizado mediante Decreto de Alcaldía el pasado 19 de septiembre.

En aquel momento, el Ayuntamiento autorizó el regreso condicionado de los residentes después de que se validaran las medidas provisionales de apeo y apuntalamiento ejecutadas en el inmueble.

Sin embargo, el descubrimiento de daños que permanecían ocultos y las condiciones técnicas necesarias para acometer su reparación han modificado la situación que permitió aquella autorización.

El nuevo decreto afecta a la totalidad de las 36 viviendas del edificio, con independencia de que se encuentren ocupadas o vacías, y establece que la prohibición temporal de ocupación deberá mantenerse hasta que finalicen los trabajos de reparación estructural.

Para autorizar el regreso de los residentes será necesario que la Dirección Facultativa presente el correspondiente certificado final de obra, acreditando las condiciones de seguridad estructural del inmueble, y que los servicios técnicos municipales emitan un informe favorable que permita autorizar nuevamente su ocupación.

De esta manera, el Ayuntamiento da respuesta a la solicitud formulada por la propiedad y los profesionales responsables de las obras en el marco de la orden de ejecución en vigor, adoptando las medidas administrativas necesarias para que la reparación del edificio pueda desarrollarse con las debidas garantías de seguridad y para que el regreso de los vecinos se produzca una vez acreditada la seguridad del inmueble.