Andalucía alerta del «importante déficit» de jueces que dificulta la implantación de la reforma estatal de Justicia

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, han coincidido en alertar de que Andalucía sufre un «déficit muy importante» de jueces que dificulta la reforma estatal impuesta con la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que entra en su tercera y última fase.

Una reforma que Nieto ha recordado que la Junta está costeando «en solitario» para ampliar plantillas y adecuar sedes y equipos informáticos, sin ayuda estatal y sin que en 2025 el Ministerio de Justicia haya incorporado ningún juez más a Andalucía. «Sin jueces es materialmente imposible mejorar la calidad del servicio de Justicia», ha subrayado.

Nieto y Del Río han presidido la reunión de la Comisión Mixta entre la Consejería y el TSJA para coordinar esta última fase, que afecta a los 12 partidos judiciales más grandes (las ocho capitales, Algeciras, Jerez, El Puerto de Santa María y Motril), donde el nuevo modelo de tribunales de instancia entrará en vigor el 31 de diciembre.

En total, la Junta va a crear casi un centenar de nuevas plazas de funcionarios para las tres fases, además de adaptar servidores y equipos informáticos y abordar reformas en las sedes judiciales. En total el coste de la reforma estatal para las arcas andaluzas superará los 56 millones de euros, según informa el ejecutivo andaluz en un comunicado recogido por GRXactualidad.

Nieto ha agradecido la «implicación» de todos los operadores jurídicos para poner en marcha esta reforma y ha querido subrayar el «esfuerzo importante» del personal de Justicia para cumplir los ajustados plazos previstos en la ley estatal, que debe estar completamente implantada el 31 de diciembre. El consejero ha señalado que es «un reto muy importante y complejo» para culminar una reforma judicial que, según «el propio ministro de Justicia, supone una revolución pero que la hemos tenido que asumir en solitario, financiar en solitario y llevarla a término de la mano de todos los operadores jurídicos que están implicándose y ayudando».

En este sentido, ha lamentado que Andalucía tiene «un déficit muy importante de jueces», por ello el año pasado en la Comisión Mixta, la Consejería y el TSJA consensuaron solicitar al Ministerio la creación en 2025 de 56 unidades judiciales y 15 plazas de magistrados. «La respuesta fue cero cuando con otras comunidades como Cataluña se negoció bilateralmente y recibieron 60. Ese cero nos ha hecho mucho daño en este ejercicio en el que además teníamos que afrontar la implantación de los tribunales de instancia». Por ello ha insistido en «pedir al Ministerio que trate dignamente a Andalucía en cuanto al número de jueces». «Nosotros haremos el esfuerzo que nos toque, se pondrá el número de funcionarios necesarios, dotaremos de espacios a esos jueces y los dispositivos digitales, pero sin jueces es materialmente imposible mejorar la calidad del servicio de Justicia», ha incidido.

De hecho, en la reunión de hoy, Junta y TSJA han estudiado la carga de trabajo de los 85 partidos judiciales andaluces para consensuar las plazas que reclamarán este año al Ministerio, teniendo en cuenta que tras un año en blanco las necesidades «se van a multiplicar por dos».

Protocolo para los depósitos judiciales

Además, la Comisión Mixta también ha abordado un protocolo entre la Junta, el TSJA y la Fiscalía Superior de Andalucía sobre la gestión de los depósitos judiciales para agilizar la entrega o la destrucción de vehículos intervenidos, con el fin de evitar su acumulación y deterioro en los depósitos judiciales y optimizar el espacio en los mismos, así como sobre la eliminación de las narcolanchas. Andalucía cuenta con cuatro depósitos públicos, tres de ellos creados por el Gobierno de Juanma Moreno.

En la reunión también se ha analizado cómo mejorar el uso de las Salas Gesell habilitadas en las sedes judiciales para la grabación de declaraciones, con asistencia de psicólogos el SAVA y seguridad jurídica, que puedan utilizarse como pruebas preconstituidas en juicios, evitando a víctimas vulnerables como menores, personas con discapacidad y mujeres víctimas de violencia de género o sexual tener que declarar varias veces durante un procedimiento.

Es una de las medidas para evitar su revictimización y humanizar la Justicia por las que ha apostado la Consejería, que ha incrementado el número de salas de 7 a 41 desde 2019. Junta y TSJA han acordado mejoras en la coordinación con el SAVA para que conozcan con previsión las diligencias programadas, la formación especializada sobre su funcionamiento a profesionales de la Abogacía y resto de operadores jurídicos y la ubicación, insonorización y calidad audiovisual de su equipamiento.

Por su parte, el presidente del TSJA también se ha referido al «importante momento» que afronta la Justicia con la implantación de la Ley de Eficiencia en las capitales y grandes ciudades y ha incidido en las «necesidades enormes de plazas judiciales» que tiene Andalucía, tras destacar que el nuevo modelo de tribunales de instancia facilita la creación de plazas.