Almuñécar «agotará las vías legales» ante la condena a pagar casi 20 millones por un convenio urbanístico

El Ayuntamiento de Almuñécar ha anunciado que afrontará la sentencia firme del convenio urbanístico de Torre Galera que le condena a abonar alrededor de 20 millones de euros y que agotará las vías legales para reclamar responsabilidades si procede.

El alcalde de la ciudad, Juan José Ruiz Joya, ha comparecido este martes tras el Pleno extraordinario para explicar las consecuencias de la sentencia firme del convenio urbanístico de Torre Galera, que obliga al Ayuntamiento a devolver 9.866.615 euros más los intereses legales acumulados durante casi 20 años. La cifra definitiva podría situarse en torno a los 20 millones de euros, y, según ha señalado el regidor, el Ayuntamiento ya trabaja en las medidas necesarias para afrontar su impacto económico, informa EP.

«No estamos hablando de un problema urbanístico del pasado. Estamos hablando de una factura que el pasado acaba de dejar encima de la mesa de todos los vecinos«, ha señalado Ruiz Joya. El alcalde ha recordado que el Ayuntamiento recurrió la resolución judicial, primero mediante apelación y posteriormente ante el Tribunal Supremo, pero ambos recursos no han prosperado. La inadmisión del recurso de casación por parte del Tribunal Supremo hace que la resolución sea firme y que el Ayuntamiento deba afrontar sus consecuencias.

Convenio urbanístico firmado en 2005

Según explican desde el Consistorio, el origen del procedimiento se encuentra en el convenio urbanístico mixto de planeamiento y gestión firmado el 14 de noviembre de 2005 entre el Ayuntamiento de Almuñécar y la mercantil INONSA S.L., posteriormente absorbida por Inmobiliaria Osuna S.L. Afectaba a las parcelas R1-A, R1-B y R1-C del ámbito de La Galera y estaba vinculado a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que se tramitaba entonces.

El acuerdo contemplaba incrementar la edificabilidad de las parcelas en 56.942,08 metros cuadrados de techo, pasando de 48.630 metros cuadrados previstos inicialmente a más de 105.000 metros cuadrados, lo que suponía un incremento del 117% respecto a la edificabilidad establecida por el Plan Parcial P-1 La Galera.

El convenio establecía que la mitad de ese incremento, 28.471,04 metros cuadrados de techo, correspondía al Ayuntamiento como participación de la comunidad en las plusvalías generadas, y que la mercantil adquiriría ese aprovechamiento por un importe de 14.875.049,58 euros, además de contemplar la cesión de suelo al Ayuntamiento.

Según el Ayuntamiento, de esta cantidad, la empresa realizó dos pagos: 4.858.181,17 euros el 14 de noviembre de 2005 y 5.008.434,20 euros el 14 de febrero de 2007, sumando 9.866.615,37 euros. El tercer pago, de 5.008.434,20 euros, quedó condicionado a la aprobación definitiva del PGOU, circunstancia que finalmente no se produjo.

Desde el Consistorio detallan que el propio convenio establecía que, si no se aprobaba definitivamente el PGOU en los términos previstos, el Ayuntamiento debía devolver las cantidades entregadas junto con los intereses legales correspondientes hasta la devolución efectiva.

Ruiz Joya ha explicado que la consecuencia económica de aquella situación es que «los 9,86 millones de euros de principal que ahora debe devolver el Ayuntamiento se han visto incrementados por los intereses acumulados durante prácticamente dos décadas«.

Aunque la cifra definitiva será determinada por intervención, la estimación municipal sitúa actualmente la factura en torno a los 20 millones de euros, una cantidad que seguirá dependiendo de los intereses hasta que se produzca la liquidación definitiva.

El alcalde ha explicado que las cantidades abonadas en su momento por la mercantil estaban destinadas, según el propio convenio, a infraestructuras y equipamientos medioambientales, deportivos y culturales.

Por este motivo, ha advertido que una parte de las consecuencias económicas actuales no consiste únicamente en devolver el dinero recibido en su día, sino en afrontar ahora «una devolución incrementada por los intereses después de que aquellas cantidades fueran destinadas durante estos años a actuaciones municipales. Una infraestructura que debería haberse pagado una vez puede terminar pagándose varias veces», ha resumido.

Posibilidad de ‘acción de repetición’

Ante esta situación, el alcalde ha dado instrucciones a los servicios jurídicos municipales para estudiar todas las vías legales disponibles, y especialmente la posibilidad de ejercer una acción de repetición, es decir, «analizar si concurren los requisitos legales para que, una vez que el Ayuntamiento tenga que afrontar el perjuicio económico derivado de la sentencia, pueda reclamar responsabilidades a aquellas personas que pudieran resultar responsables de las actuaciones que dieron origen al daño».

El acuerdo municipal adoptado contempla precisamente estudiar si existen los presupuestos legales para ejercitar acciones contra cargos electos o personal técnico que suscribieron o informaron favorablemente aquel convenio.

El alcalde ha insistido en la necesidad de actuar con prudencia y ha dejado claro que «corresponde a los servicios jurídicos determinar si existen responsabilidades, contra quién y hasta dónde podrían llegar. Yo no voy a condenar a nadie. No me corresponde. No soy juez. Serán los servicios jurídicos quienes determinen si existen responsabilidades y, si procede, serán los tribunales quienes decidan», ha señalado.

No obstante, ha defendido que la obligación del Gobierno local es agotar todas las posibilidades legales para intentar que el perjuicio no recaiga exclusivamente sobre los vecinos de Almuñécar y La Herradura.

«Si jurídicamente existe la posibilidad de que quienes resulten responsables respondan por este perjuicio, este alcalde va a intentar que respondan. No por venganza ni por revancha política, sino por justicia con los vecinos», ha afirmado.

Fondo de Ordenación y Plan de Ajuste

El Pleno extraordinario celebrado este martes ha abordado, entre otros asuntos, la adhesión al Fondo de Ordenación para el ejercicio 2027 y la aprobación del Plan de Ajuste, medidas vinculadas a la necesidad de afrontar las consecuencias económicas derivadas de la sentencia del convenio urbanístico de Torre Galera.

El objetivo es dotar al Ayuntamiento de los instrumentos financieros necesarios para hacer frente a una obligación que, por su dimensión, tiene una incidencia extraordinaria sobre las cuentas municipales, tratando al mismo tiempo de minimizar su repercusión sobre los servicios públicos, las inversiones y la actividad municipal.

«Estamos ante uno de los problemas económicos más importantes que ha recibido este Ayuntamiento en muchos años, pero este problema ha llegado cuando Almuñécar tiene un Gobierno preparado para resolverlo», ha manifestado. Ruiz Joya, quien ha destacado en este sentido la estabilidad del Gobierno municipal, su capacidad de gestión, el trabajo de los servicios económicos y jurídicos y la voluntad de afrontar el problema de forma directa, sin ocultarlo ni trasladarlo a futuras corporaciones.

Por último, el alcalde ha asegurado que la sentencia no supondrá la paralización de la acción de gobierno ni del desarrollo del municipio. «Torre Galera no va a paralizar Almuñécar», ha afirmado, antes de señalar que el Ayuntamiento seguirá «trabajando en la mejora de las calles, la vivienda, las políticas dirigidas a jóvenes y mayores, los equipamientos y las actuaciones previstas tanto en Almuñécar como en La Herradura».