Acuerdan embargar las cuentas a la aseguradora que debe indemnizar al ciclista arrollado en Quéntar

La Sección Segunda de la Audiencia de Granada ha acordado el embargo de los bienes de la compañía aseguradora que debe abonar una indemnización de más de 147.000 euros al ciclista que sufrió lesiones graves tras ser atropellado por un conductor en la GR-3021, a la altura de Quéntar, en julio de 2021.

El atropello se produjo a raíz de que ambos discutieran por un adelantamiento. El conductor se puso detrás del ciclista, aceleró bruscamente y le lanzó por encima del quitamiedos, provocando que cayera por un barranco de unos 30 metros de desnivel. Luego se dio a la fuga y fue detenido unos días después por la Guardia Civil.

El ciclista, representado en este caso por el letrado Ernesto Osuna, sufrió lesiones graves que le llevaron a la UCI, donde tuvo que pasar por quirófano. Tras el accidente sufre dolores crónicos y limitaciones de movilidad en actividades cotidianas.

El conductor, representado por el letrado Francisco José Romero Pérez, reconoció los hechos durante el juicio, y fue condenado a cuatro años de prisión como autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, en una sentencia que confirmó luego el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el cual elevó de 61.000 a más de 75.000 euros la indemnización que debía recibir el ciclista.

En junio de este año, la Audiencia Provincial acordó la ejecución de la sentencia respecto a la responsabilidad civil impuesta al conductor –que se declaró insolvente– siendo «responsable civil directo Allianz S.A.», pero la aseguradora no ha abonado la indemnización «dentro del plazo concedido», según consta en un decreto de la Sección Segunda de la Audiencia de finales de octubre.

Así las cosas, el pasado 27 de octubre el tribunal dictó un auto por el que acuerda despachar la sentencia contra la aseguradora por los 75.311 fijados de indemnización en sentencia, más intereses, y ordena el embargo sobre los bienes de la aseguradora hasta cubrir la cantidad total de 147.810 euros en concepto de responsabilidad civil.

Se trata concretamente de los depósitos bancarios y los saldos positivos/favorables que arrojaren las cuentas abiertas en entidades de crédito, cuya anotación se practicará telemáticamente, según agrega el decreto.

Fuentes del caso señalan a Europa Press que se trata de una circunstancia «totalmente extraordinaria» teniendo en cuenta que las aseguradoras están sujetas a programas de auditoría.