La delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta en Granada, Matilde Ortiz, ha acusado este viernes al Ejecutivo central de «los recortes y la falta de planificación» para el desarrollo en la provincia del Plan Corresponsables, con el que ha indicado que se pone de manifiesto «el gran esfuerzo realizado por el Gobierno andaluz para poner en marcha esta línea de ayudas, en aras de su compromiso por la igualdad a través de la conciliación y la corresponsabilidad».
Con estas declaraciones, según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la delegada de Inclusión Social ha salido al paso de las críticas vertidas por la diputada socialista en el Congreso Olvido de la Rosa, en relación al Plan Corresponsabilidad y Conciliación, cofinanciado por los gobiernos estatal y autonómico, en las que ha apuntado que acusaba a la Junta de no estar «a la altura en esta materia, de reducir los fondos destinados a los municipios de la provincia y de beneficiarse de la inversión que le hace el Gobierno de España».
Ortiz se ha mostrado sorprendida por estas declaraciones criticando que el Gobierno de España, a través del Ministerio de Igualdad, «cambiara sin previo aviso las reglas del juego del Plan Corresponsables en la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada en el mes de mayo». La convocatoria de esta conferencia sectorial, según ha advertido Ortiz, se ha producido más tarde que en ejercicios anteriores. En 2023 tuvo lugar a comienzos de marzo, y en 2024 a finales de abril, 20 días antes que en 2025. «Además de modificar las reglas del juego, esta demora dificulta a las comunidades autónomas el desarrollo del plan», ha afirmado.
En la citada conferencia sectorial, celebrada con el objetivo de fijar, entre otros, la distribución resultante del crédito destinado en el presente año al desarrollo del Plan Corresponsables, el Gobierno de España anunció, según ha proseguido la Junta, que, «de los 190 millones de euros previstos en los Presupuestos prorrogados del Estado para el plan, quedaba reducido a 142,5 millones de euros que, en el caso concreto de Andalucía, supone una merma de 7,8 millones». Fue «un recorte aplaudido y respaldado por el PSOE andaluz» que, en palabras de Ortiz, «opta por defender los intereses del Gobierno de Pedro Sánchez por encima del de los andaluces».
Además, la delegada territorial de Inclusión Social en Granada ha añadido que este «recorte» a las políticas de Igualdad del Gobierno de España «lleva aparejado la obligación de cofinanciar el 25 por ciento de los fondos por parte de las comunidades autónomas y el propio Plan ampara el trasladar esa cofinanciación a las entidades locales beneficiarias de la subvención».
No obstante, Ortiz ha remarcado el «notable» esfuerzo económico de la Junta de Andalucía, «asumiendo el 12,5 por ciento de la cofinanciación y trasladando a las administraciones locales el otro 12,5%, la mitad de lo exigido». Con la puesta en marcha de estas subvenciones, ha enfatizado la delegada territorial, «el Gobierno andaluz fortalece su compromiso con las políticas de igualdad, conciliación y corresponsabilidad» frente a un Ejecutivo central que «mantiene un discurso para la igualdad impostado, como demuestra con sus recortes», ha concluido.
1,6 millones en ayudas para la provincia
La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha convocado ayudas por valor de 16,3 millones de euros dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro, universidades públicas y entidades locales para el desarrollo de proyectos en materia de conciliación y corresponsabilidad, de los que cerca de 1,6 millones de euros irán destinados a la provincia de Granada.
En la provincia, la convocatoria supondrá una inyección económica a la Diputación y a diversos ayuntamientos para impulsar proyectos que permitan la conciliación y la corresponsabilidad a través de servicios de cuidados. Así, la institución provincial recibirá 1.005.284 euros, el Ayuntamiento de Granada 247.247 euros, el Ayuntamiento de Motril, 73.050 euros, y ayuntamientos de Armilla, Atarfe, Almuñécar Maracena, Loja Baja y La Zubia, percibirán cuantías que oscilan entre los 30.000 y 23.000 euros. Además, para la Universidad de Granada se destinan 50.000 euros para programas de servicios de cuidados y de formación y sensibilización.
Las ayudas financiarán actuaciones para la conciliación de la vida familiar, personal y laboral mediante servicios de cuidado profesional en el domicilio, durante un número determinado de horas semanales; servicios en dependencias públicas, como escuelas, centros municipales o polideportivos y programas de sensibilización y formación en universidades públicas para fomentar modelos de masculinidades corresponsables e igualitarias, informa Europa Press.