El Ayuntamiento de Granada y el Ilustre Colegio de Abogados de la ciudad (ICAGR) han firmado un convenio de colaboración para la creación de la Oficina Municipal de Apoyo ante la Ocupación Ilegal de Viviendas (O.V.), un servicio pionero y gratuito destinado a asesorar jurídicamente a propietarios cuyas viviendas estén ocupadas o en riesgo de estarlo en el término municipal.
La oficina comenzará a funcionar en septiembre, ofreciendo atención semanal personalizada los martes, de 10:00 a 12:00 horas, en la sede del Colegio de Abogados, en la calle Cárcel Alta. Los letrados especializados del ICAGR informarán a los usuarios sobre las vías legales para recuperar sus viviendas, los procedimientos judiciales disponibles y las medidas preventivas que pueden adoptar. El servicio está subvencionado por el Ayuntamiento y podrá solicitarse a través de una plataforma digital común habilitada tanto por el Consistorio como por el Colegio.
La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha subrayado que el nuevo servicio “responde a una necesidad urgente que nos han trasladado numerosos vecinos que se sienten indefensos ante la ocupación de sus propiedades”. “Se trata de un problema que va más allá de la propiedad privada. Afecta a la convivencia, a la seguridad y al bienestar de las familias. Por eso, como administración pública, tenemos la responsabilidad de ofrecer herramientas eficaces y accesibles que den respuestas claras desde la legalidad”, ha afirmado.
Según los últimos datos del Ministerio del Interior, en 2024 se registraron 183 denuncias por ocupación ilegal de viviendas en la provincia de Granada, un 30% más que el año anterior, y 16.426 en todo el país, con un aumento del 7,4% anual. “Estamos hablando de cientos de familias que se ven privadas de la posesión de sus inmuebles y de muchas más personas afectadas por problemas de convivencia con los okupas”, ha señalado el decano del Colegio de Abogados, Leandro Cabrera.
El servicio no solo pretende resolver situaciones ya existentes, sino también informar y prevenir. “Esta oficina va a permitir que cualquier persona afectada por una ocupación ilegal pueda saber qué pasos dar, qué derechos tiene, cómo actuar con seguridad jurídica y qué mecanismos existen para recuperar su vivienda sin verse abocada a la indefensión”, ha añadido Carazo, quien también ha insistido en que el Ayuntamiento ha lanzado una guía práctica de prevención y actuación ante ocupaciones, y ha recordado la importancia de contactar de inmediato con la Policía Local (092) en caso de detectar una ocupación.
Para poder acceder al servicio, los solicitantes deberán acreditar documentalmente que son propietarios del inmueble afectado, ubicado en el municipio de Granada. El decano Cabrera ha considerado el convenio como “un paso adelante en la protección de los derechos de los ciudadanos, a través de un servicio jurídico público y especializado que marcará un antes y un después en la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas en nuestra ciudad”.
Marifrán Carazo ha remarcado el carácter social de esta iniciativa: “Queremos estar al lado de quienes se sienten desprotegidos y de los barrios que sufren los efectos de estas ocupaciones no solo en lo material, sino también en su día a día. Defender la propiedad también es defender la convivencia”. Asimismo, ha agradecido al Colegio de Abogados su implicación y ha subrayado que contar con su participación “garantiza que el servicio se preste con el máximo rigor, confidencialidad y profesionalidad”.
Por último, la alcaldesa ha pedido al Gobierno central medidas más contundentes para proteger a los propietarios: “Al margen de trabajar dentro de nuestras competencias por garantizar la seguridad jurídica de los granadinos, vamos a seguir reclamando al Ejecutivo que combata la ocupación ilegal”, según informan el Ayuntamiento de Granada y El Colegio de Abogados en una nota de prensa recogida por GRX Actualidad.
