El Ayuntamiento de Granada ha logrado amortiguar el impacto del nuevo sistema de tasas de basura impuesto por el Gobierno de España, reduciendo en 1,6 millones de euros la cantidad global que deberán abonar los granadinos en 2026. Frente a los 25,4 millones previstos inicialmente, la ciudad recaudará finalmente 23,8 millones gracias al modelo de aplicación diseñado por el Consistorio, lo que se traduce en un ahorro del 5,9% para los contribuyentes granadinos.
Desde el Ayuntamiento, el portavoz del equipo de Gobierno, Jorge Saavedra, ha subrayado que esta medida no es una decisión municipal, sino una imposición del Gobierno de Pedro Sánchez, que obliga a todos los municipios de España a aplicar una nueva tasa de residuos. Saavedra ha señalado que “los granadinos deben saber que este tasazo no lo ha decidido el Ayuntamiento, sino que estamos obligados por una normativa estatal impuesta por el Gobierno de Sánchez. Aun así, hemos trabajado para reducir su impacto y proteger el bolsillo de las familias”.
“Gracias a la gestión de este Ayuntamiento, Granada será una de las ciudades que menos sufra las consecuencias de esta tasa que nos impone Pedro Sánchez”, ha afirmado Saavedra, destacando el esfuerzo del equipo de Gobierno por diseñar un modelo que combine justicia fiscal y sostenibilidad ambiental dentro del margen que permite la legislación estatal.
Además, ha puesto en valor que la adjudicación del nuevo contrato de limpieza y recogida de basuras, tras años de prórrogas, ha permitido contar por primera vez con un dato cierto y actualizado del coste real del servicio, algo esencial para diseñar una tasa ajustada, transparente y equitativa. “Gracias a la adjudicación del nuevo contrato, hoy sabemos con precisión cuánto cuesta el servicio y, por tanto, cuánto hay que recuperar a través de la tasa. Ese coste será de 23,8 millones de euros en 2026, frente a los 25,4 millones que se cobraban anteriormente. Es decir, la buena gestión municipal y la modernización del servicio se traducen en ahorro y en una distribución más justa para los granadinos”, ha explicado Saavedra.
El portavoz ha añadido que el mayor mérito de este diseño ha sido aplicar la tasa de la forma más individualizada posible, acercándose a la realidad de cada contribuyente, “algo muy complejo, porque ningún ayuntamiento dispone de medios para medir de manera directa la basura que genera cada hogar”.
Cálculo del importe de la tasa
Para calcular el importe de la tasa, el Ayuntamiento aplicará un modelo mixto compuesto por una cuota fija y otra variable. La cuota fija dependerá del uso del inmueble, su valor catastral y su superficie, mientras que la variable se determinará a partir de un sistema de 400 cuadrículas de 325×325 metros en las que se ha dividido la ciudad, que permiten conocer la tasa de generación de residuos en la zona más próxima al inmueble.
Este modelo, desarrollado mediante técnicas estadísticas, sitúa a Granada entre las ciudades más avanzadas en la gestión de residuos y garantiza un reparto más equitativo de la carga fiscal. “No queríamos esta tasa, pero estamos obligados a adoptarla. Pese a ello, hemos conseguido que Granada tenga un modelo más justo, moderno y con un menor impacto económico para sus vecinos”, ha añadido Saavedra.
Por su parte, Rosario Pallares, responsable del área de Economía, ha coordinado el desarrollo técnico y la implantación del nuevo sistema de cálculo, asegurando su correcta aplicación y supervisión durante la primera fase de implementación. El nuevo recibo de la tasa de basura será independiente del del agua y se abonará en un único pago anual el primer año de aplicación, de modo que para los siguientes ya podrá ser domiciliado.
El nuevo sistema introduce además mejoras que permiten un reparto más equitativo del coste del servicio y un reconocimiento a las familias y empresas más responsables. El titular del recibo será el propietario del inmueble, utilizando el padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para una gestión más precisa y actualizada. Se mantienen dos modalidades de tasa: una doméstica, para viviendas de uso residencial, y otra industrial, para inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas. Se incorporan importantes bonificaciones sociales y medioambientales, como reducciones de hasta el 90% para empresas de alimentación y restauración que colaboren con entidades sociales y reduzcan residuos, del 80% para familias con rentas inferiores a 1,5 veces el IPREM y del 90% para personas o unidades familiares en riesgo de exclusión social.
Como ha subrayado Saavedra, “la tasa que se cobra es exclusivamente para pagar el coste del servicio, tal y como obliga la ley. No se dedica ni un solo euro a ningún otro servicio municipal”, informa el Ayuntamiento de Granada en una nota remitida a GRX Actualidad.
