La sección sindical de CCOO de la administración de Justicia de Granada ha criticado el que considera «caos generado en los juzgados por la ‘mudanza exprés’ por la implantación de los Tribunales de Instancia».
Así, en un comunicado de prensa recogido por Europa Press, aluden a la aprobación y entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 relativa a la Ley de Eficiencia Organizativa y de sus correspondientes fases de implantación, acoplamiento y puesta en marcha de los Tribunales de Instancia con las nuevas designaciones de las Oficinas Judiciales y reubicaciones del personal funcionario en la capital de Granada.
En este contexto, el sindicato señala que los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, «están padeciendo en primera persona la aplicación nefasta que se está llevando a cabo de manera unilateral por los operadores jurídicos responsables, sin información previa y obviando a las centrales sindicales que representamos a más del 80% de las trabajadoras y trabajadores de los órganos judiciales».
Complejo Judicial de Caleta
Y señalan concretamente al hecho de que en Granada se ha tomado la decisión de agrupar las diferentes jurisdicciones en un solo edificio, en el Complejo Judicial de Caleta, todos los Juzgados que anteriormente se denominaban de Primera Instancia, trasladándose a Plaza Nueva los Tribunales de Instancia Contencioso Administrativo y Social, tanto los Servicios Comunes de Tramitación como el de Ejecución, debido a la dispersión judicial de órganos del mismo orden jurisdiccional existente hasta el día de hoy.
CCOO expone que para hacer efectivo dicho traslado se han dictado diversas instrucciones al respecto, «siendo algunas de ellas contradictorias, recibiéndose instrucciones para la mudanza, notas de servicio y organigramas de reubicación con tan solo 24 horas de antelación por parte de las principales afectadas, en este caso el personal funcionario».
Estrés y desconcierto laboral
El sindicato critica que esta situación está provocando además de estrés laboral, desconcierto que afecta de manera muy negativa tanto a los funcionarios como a los profesionales y ciudadanía en general, «menoscabando el derecho fundamental de tutela judicial efectiva de la ciudadanía, ya que ocasiona dilaciones indebidas en la tramitación y resolución de conflictos y expedientes judiciales».