El Grupo Parlamentario Socialista de Granada ha registrado en el Parlamento andaluz una batería de iniciativas para pedir a la Junta de Andalucía la continuidad «sin cambios» del servicio en el Centro de Atención Temprana de San Rafael en la capital, dado que el traslado de 500 niños y niñas conllevaría «consecuencias negativas para su salud».
La parlamentaria andaluza María Ángeles Prieto, que se ha mostrado en contra de este «recorte de plazas que pretende el gobierno de Moreno Bonilla», ha pedido conocer «qué condiciones excepcionales previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) permiten reducir de cinco a dos lotes a un Centro de Atención Temprana en pleno funcionamiento sin afectar a la continuidad asistencial de menores ya en tratamiento».
«Si el PCAP contempla excepciones para mantener más de dos lotes, ¿por qué el Centro de San Rafael, con ciclo lotes acreditados, resultados contrastados y alta especialización, no ha sido considerado circunstancia excepcional?», se ha preguntado.
Prieto, que ha vuelto a trasladar su apoyo a las familias y a las y los usuarios de San Rafael en la concentración de este viernes en la Plaza del Carmen, ha insistido en conocer si existe una valoración técnica individualizada que justifique no aplicar dicha excepción en este caso y ha solicitado, en caso afirmativo, conocer en «qué fecha se emitió y qué órgano la realizó».
Tras subrayar que el Gobierno andaluz «debe de escuchar de una vez a las familias que llevan un mes alertando de las consecuencias que puede tener para sus hijos e hijas la ruptura del vínculo terapéutico en estas fases tan tempranas», la socialista ha incidido en que «si se ha elaborado algún informe clínico o técnico que avale que la reducción de cinco a dos lotes no supone un retroceso terapéutico para menores con trastornos del neurodesarrollo, especialmente TEA».
En ese contexto, ha cuestionado «qué criterio clínico previo avala que un menor puede ser trasladado sin riesgo de regresión, cuando la propia normativa reconoce que romper el vínculo terapéutico puede frenar la evolución».
«La Junta debe ser transparente y dar la cara, informar a las familias y dar también respuesta a esta batería de preguntas que hemos elevado al Parlamento. La salud de medio centenar de menores granadinos está en juego, por eso tiene que frenar el recorte de plazas», ha aseverado.
Por todo ello, Prieto, entre otras cuestiones, también ha instado a la Junta a que facilite el acceso a la documentación correspondiente en relación con las cuestiones planteadas, a fin de conocer, analizar y evaluar los criterios, informes y decisiones que fundamentan la actuación del Gobierno andaluz, informa Europa Press.