El Juzgado de Instrucción 2 de Granada retomará este martes 28 de octubre, a partir de las 9:30 horas, las declaraciones en el marco de la investigación sobre el cierre de la empresa cárnica de Cájar.
La compañía se vio afectada por una alerta alimentaria en 2023, tras detectarse en sus productos la presencia de listeria monocytogenes en análisis laboratoriales.
Declaraciones de investigados
Este martes están citadas dos personas como investigadas, quienes comparecerán para preservar sus derechos, al igual que los cinco que declararon la semana pasada, entre ellos el delegado de Salud y Consumo de la Junta en Granada, Indalecio Sánchez-Montesinos.
El pasado jueves 23 de octubre, cinco cargos y funcionarios denunciados por la empresa declararon en sede judicial en La Caleta. Según fuentes judiciales consultadas por Europa Press, todos permanecieron en libertad tras sus declaraciones y sin medidas cautelares.
Inicialmente, este martes estaban previstas otras tres declaraciones. Sin embargo, una se suspendió tras el sobreseimiento de uno de los investigados, a petición de la Fiscalía.
Conflictos en las declaraciones
Fuentes de la empresa indicaron a Europa Press que, durante las declaraciones del jueves —en las que no participó la Fiscalía—, los investigados respondieron a las preguntas de sus letrados pero se acogieron a su derecho a “no contestar” ante la representación legal de la compañía. Aun así, la empresa se mostró confiada en “la justicia que sea capaz de esclarecer los hechos”.
Estas fuentes también cuestionaron los testimonios de los inspectores citados y recordaron que ese jueves se cumplían dos años desde que la empresa fue precintada y cerrada, sin que, según añadieron, se haya seguido lo indicado por la Subdirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta en la videoconferencia del 9 de noviembre de 2023.
Posición de la Junta de Andalucía
La Junta, contra la que también se presentó la querella por posible responsabilidad civil subsidiaria, señaló a Europa Press en junio que el procedimiento llevado a cabo por la Delegación Territorial se realizó “siempre en el marco de la responsabilidad respecto a la prevención y protección de la salud pública, es decir, de la protección de los ciudadanos y garantía para las empresas”.
Querella de la empresa
La compañía presentó la querella tras cesar su actividad, por presunta comisión de delitos de prevaricación, falsedad en documento público, infidelidad en la custodia de documentos, violación de secretos y delitos cometidos por funcionarios contra derechos individuales.
Además, se incluyeron supuestos ilícitos de denuncia falsa, falso testimonio en causa criminal, coacciones y pertenencia a organización criminal, según fuentes cercanas al caso consultadas por Europa Press.
Investigación de la Guardia Civil
En noviembre de 2023, la Guardia Civil abrió diligencias sobre dos investigados vinculados a la empresa, tras la alerta alimentaria emitida por la Consejería de Salud y Consumo, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica.
Esta alerta se derivó de la inmovilización cautelar de productos que habían sido puestos en el mercado tras detectar listeria monocytogenes.
Fue a finales de octubre de 2023 cuando Salud emitió la alerta alimentaria, tras la notificación de los servicios de inspección del Distrito Granada-Metropolitano.
La Junta indicó entonces que los productos se habían distribuido en las provincias de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla, así como en un establecimiento en las Islas Baleares. No se registraron afectados.
Medidas de control y limitación de actividad
Posteriormente, la Junta reforzó los controles en la empresa cárnica, con la colaboración de la Guardia Civil. La compañía vio limitada su actividad inicialmente a tareas de mantenimiento industrial, tras el primer cierre provocado por la detección de listeria en algunos productos.