El exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Granada Juan Antonio Fuentes ha defendido este martes en la Audiencia Provincial que el convenio que suscribió el 1 de julio de 2015 con una productora para la prestación de servicios extraordinarios en TG7 fue «bueno para la ciudad» en tanto que se logró reducir en unos 300.000 euros la deuda existente.
Fuentes niega intervención en cláusulas y elaboración
Asimismo, ha defendido que él no intervino en la elaboración de este convenio ni en sus cláusulas jurídicas y que, como el resto de documentos que firmaba a diario, «llegó a su mesa» ya habiendo sido revisado por el coordinador de área.
Acusación por prevaricación y petición fiscal
Fuentes está acusado de un delito continuado de prevaricación por el que se enfrenta a una petición fiscal de 15 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por presuntas irregularidades en la contratación de estos servicios complementarios en la televisión municipal. La Fiscalía ha fijado el quebranto a las arcas públicas en 864.121 euros.
Aunque la Audiencia Provincial le absolvió en noviembre de 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) estimó el recurso presentado por la Fiscalía y anuló el juicio y la posterior absolución, ordenando que se volvieran a enjuiciar los hechos por un tribunal distinto.
Deuda de TG7 y medidas adoptadas
En la primera sesión de este nuevo juicio, Fuentes ha declarado que cuando se hizo cargo de la gestión de la televisión municipal había una «deuda desorbitada» que se había generado en «muy poco tiempo», de 2008 a 2011 y que ascendía a 1,8 millones de euros.
Aproximadamente un millón de euros en facturas fue cubierto con el plan de pago a proveedores del Gobierno, en la línea de lo que había aconsejado el interventor, pero aún restaban otros 800.000 euros por saldar.
Convenio presentado como solución a la deuda
Durante su declaración, en la que ha respondido a las preguntas de la fiscal, el magistrado y su defensa, Fuentes ha recalcado que este convenio de patrocinio se le presentó como una buena opción para aminorar la deuda y que era similar al que ya usaban otras administraciones públicas.
El coordinador del área le transmitió que estaba «correcto» y él, bajo el convencimiento de que así era y de que tenía competencias para hacerlo, lo firmó.
Ha hecho hincapié en que su trabajo como concejal no era revisar los pormenores del documento ni de las facturas abonadas por los servicios prestados y que con este convenio se «consiguió algo positivo para la ciudad de Granada» como fue rebajar la deuda.
Argumentos de la Fiscalía
La Fiscalía le acusa de no haber seguido el procedimiento legalmente establecido para otorgar este contrato a la productora —puesto que la competencia era de la Junta de Gobierno Local— con la supuesta «finalidad de eludir el control de la Intervención Municipal y proporcionar un beneficio a la empresa».
Todo ello, con un presunto perjuicio económico de 864.121 euros a las arcas municipales, puesto que con este convenio «obligó» al Ayuntamiento a abonar una deuda contraída entre 2013 y 2015 por servicios fuera del contrato original con facturas que «fueron todas ellas firmadas en el mismo día» —Fuentes ha dicho que no lo recuerda— y reconociendo «la prestación de numerosos y muy diversos servicios de personas y medios materiales» pero «sin constatar la veracidad» de los mismos.
El juicio está señalado hasta el 26 de febrero en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada.
