La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a siete personas, de entre 31 y 61 años, por presuntos delitos de defraudación de fluido eléctrico en sus respectivas viviendas en Pinos Puente (Granada).
El área de investigación de Pinos Puente inició la operación tras ser requerida por la compañía eléctrica Endesa, debido a múltiples cortes de luz y sobrecargas en varias calles del municipio. El objetivo fue detectar posibles enganches ilegales a la red eléctrica.
Desde la Guardia Civil han señalado que estos enganches «no solo causan molestias a los usuarios, sino que también suponen un peligro para las instalaciones y edificios, con el consiguiente riesgo para las personas».
48 enganches fraudulentos
Durante dos días consecutivos, agentes y técnicos de la compañía inspeccionaron el tendido eléctrico y controlaron el consumo en las zonas afectadas. Se localizaron 48 puntos de enganches ilegales, de los cuales siete estaban habitados en el momento de la actuación.
Los agentes observaron instalaciones con cable eléctrico paralelo a la línea original, utilizando postes y anclajes de la compañía. La electricidad se obtenía ilegalmente del transformador principal o del cableado paralelo cuando era más accesible.
Los siete propietarios han sido puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Granada por defraudación eléctrica. Las pesquisas siguen abiertas para identificar a otros responsables.
En Valderrubio, dos detenidos por defraudación y cultivo ilegal de droga
En otra actuación, la Guardia Civil detuvo en Valderrubio a dos hombres de 54 y 27 años, presuntos autores de defraudación eléctrica. Además, el más joven está investigado por un delito contra la salud pública por cultivo de marihuana.
Incendio provocado por manipulación del cuadro eléctrico
Los agentes los sorprendieron en un cuadro de contadores de un bloque de pisos donde, el día anterior, hubo un incendio provocado por la manipulación ilegal. La acometida suministraba energía a un cultivo interior con 558 plantas en avanzado estado de floración.
Desde la Guardia Civil subrayan que el uso ilegal y manipulado de las instalaciones eléctricas no solo pone en riesgo la seguridad ciudadana y puede causar daños humanos y materiales, sino que también acarrea consecuencias penales y administrativas para los responsables.