La plataforma social La Calle Mata ha presentado este miércoles 9 de julio, ante la Fiscalía Provincial de Granada, una denuncia en la que solicita la apertura de una investigación sobre posibles faltas o delitos en los que podría estar incurriendo el Ayuntamiento “por negligencia o dolo al no implementar medidas” para las personas sin hogar durante el verano, como la habilitación de refugios climáticos, “poniendo en riesgo la salud y la vida” de estas personas.
Según han informado a los medios a las puertas de la Fiscalía, pretenden que se exija al Ayuntamiento, “como medida cautelar urgente, el cumplimiento de lo aprobado por su pleno de junio de 2025 para la creación de la red de refugios climáticos, dada la situación climatológica de la ciudad”.
Marifrán responde a las protestas
Como respuesta a los periodistas, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha expresado su respeto hacia la iniciativa de este colectivo y ha recordado que el Ayuntamiento ha reforzado la atención a personas sin hogar en la calle durante el verano.
Los hechos que fundamentan la denuncia de La Calle Mata son, según la plataforma, “la inadmisible situación en la que viven las personas sin hogar de la ciudad de Granada, que soportan, sin posibilidad de refugiarse, las temperaturas extremas del periodo estival, con consecuencias graves, o incluso fatales, para su salud y su vida”.
A esta situación se suma, según los activistas por los derechos de las personas sin hogar, “la manifiesta falta de empatía que muestra la corporación municipal hacia las consecuencias que están teniendo las altas temperaturas sobre la población”.
Piden ayuda a la Fiscalía ante las alertas meteorológicas
“Después de años de reivindicar, sin resultados, un refugio climático, confiamos en la Fiscalía Provincial de Granada como garante y defensora de la ciudadanía”, han añadido desde la plataforma. En su exposición de motivos, la denuncia alude a que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado una alerta por riesgo de altas temperaturas para la segunda quincena de julio.
Los denunciantes sostienen que “al no cumplir con la normativa vigente ni con los acuerdos de los plenos, la conducta del equipo de gobierno puede estar inmersa en el artículo 325 del Código Penal, que contempla la contravención (incumplimiento) de las leyes u otras disposiciones generales protectoras del medio ambiente”. Por ello, han solicitado a la Fiscalía que exija también al Ayuntamiento la elaboración del Plan Local de Adaptación al Cambio Climático.
Ante estas declaraciones, la alcaldesa ha reiterado este miércoles su respeto por la presentación de la denuncia y ha explicado que el Ayuntamiento “nunca” ha activado refugios climáticos, a pesar de que desde hace años se registran condiciones climatológicas similares a las actuales.
Según ha detallado Carazo, el problema radica en que las entidades sociales y organizaciones no gubernamentales que prestan asistencia a estas personas a través de locales gestionados por ellas ofrecen servicio en julio, pero “cierran en agosto”. Ha añadido que, “por segundo año consecutivo”, el Ayuntamiento ha puesto en marcha, junto a Cruz Roja, un servicio de atención en la calle que incluye el suministro de agua y apoyo directo al colectivo sin hogar.