El grupo de Vox en el Ayuntamiento de Granada ha anunciado la formalización de una demanda para declarar la nulidad de la ordenanza integral de la movilidad sostenible por supuestamente vulnerar los derechos de los granadinos y restringir su libertad de circulación al «imponer» una Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que esta formación pretende «erradicar» al considerar que se aplica «sin criterio de proporcionalidad ni los necesarios informes de impacto económico y medioambientales que exige la ley».
La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Granada, Beatriz Sánchez Agustino, ha declarado este miércoles que «formalizamos esta demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con el convencimiento de que lograremos la nulidad de la ordenanza para que miles de familias y trabajadores afectados vuelvan a disfrutar de su derecho a usar sus vehículos por la ciudad sin ser sancionados ni amedrentados por las políticas globalistas del PP y del PSOE».
Durante la rueda de prensa ofrecida este miércoles ante los medios de comunicación, Beatriz Sánchez Agustino ha desglosado la fundamentación de esta demanda, en la que «se insiste en la inexistencia de un buen número de los informes obligados y preceptivos».
Estos informes de los que carece el expediente administrativo se refieren tanto «a las consecuencias económicas de la aplicación de la ZBE por las familias, colectivos o agentes económicos, como a las consecuencias medioambientales, al presentar un análisis insuficiente de otras alternativas a la aplicación de las restricciones en base a factores influyentes o contaminantes», ha especificado la portavoz de Vox.
Entre los puntos de fundamentación de la demanda, según ha destacado Vox en nota de prensa, destaca que «la ordenanza limita el ejercicio de los de derechos fundamentales de los granadinos porque prevé prohibiciones a la circulación de determinados vehículos a motor, y esto solo podría realizarse por una norma con rango de ley, nunca mediante una norma reglamentaria».
Respecto a la infracción del principio de proporcionalidad, la ley estipula que las administraciones públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, ha detallado Vox, «deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva».
Por otra parte, Vox insiste en que «la ordenanza regula y establece una ZBE sin la previa aprobación de un proyecto» sobre la misma, «lo que supone la infracción del principio de jerarquía normativa y convertiría esta ordenanza en nula de pleno derecho», según ha explicado Sánchez Agustino.
Esto se fundamentaría en que el Real Decreto 1052/2022, que estipula, según ha detallado Vox, que la ZBE debe establecerse mediante un proyecto y, «una vez aprobado» el mismo, «podrá desarrollarse mediante una ordenanza».
La portavoz de Vox ha apuntado, además, que «las entidades locales carecen de competencia para restringir la movilidad, ya que es competencia exclusiva del Estado la materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, tal y como contempla el artículo 149 de la Constitución, y si el propietario de un coche ha pagado y ha pasado favorablemente la Inspección Técnica de Vehículos, el gobierno de Marifrán Carazo no debe impedirle circular por Granada».
Sobre este aspecto, «recordamos que el Tribunal de Justicia Europeo ha declarado la falta de competencia de los ayuntamientos para restringir el uso de los vehículos homologados en función de su tipificación por eficiencia, siendo esta una jurisprudencia determinante, ya que resulta ser precisamente la base de la ZBE», ha puntualizado.
«Con esta demanda Vox está cumpliendo con su obligación de defender los derechos de los ciudadanos, las familias y los trabajadores que han visto restringida su capacidad de moverse libremente por Granada. El PP nos acusará de desinformar o de negacionistas, cuando la realidad es que el gobierno municipal de Carazo es el único responsable de imponer una ZBE en la ciudad con la que nadie está de acuerdo».
«Vamos a continuar luchando contra las imposiciones climáticas de PP y PSOE, e insistimos: Vox es el único partido que defiende la libertad de todos los granadinos», ha concluido Beatriz Sánchez Agustino .