Los servicios jurídicos de la Universidad de Granada (UGR) están estudiando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anula el acuerdo de la institución docente de suspender sus colaboraciones académicas y científicas con instituciones israelíes y evaluarán «los siguientes pasos a seguir».
La Universidad de Granada ha señalado en un breve comunicado que «respeta» la decisión del TSJA, la cual ya están estudiando los servicios jurídicos de la institución académica con el fin de «valorar los siguientes pasos a seguir y, si se estima conveniente, interponer el recurso correspondiente».
Por su parte, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y la Red Universitaria por Palestina, que participaron como codemandadas defendiendo la legalidad del acuerdo, han lamentado «profundamente este retroceso» y han anunciado que sí interpondrán recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Sentencia del TSJA
En la sentencia, consultada por Europa Press, el alto tribunal andaluz estima el recurso presentado por la Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) y revoca el fallo dictado en marzo por un Juzgado de lo Contencioso Administrativo que había avalado la legalidad de la decisión de la UGR.
Esta institución docente suspendió en mayo de 2024 su colaboración académica y científica con instituciones israelíes en respuesta a las movilizaciones de los estudiantes, de la comunidad educativa y de la sociedad civil.
Concretamente, suspendió la movilidad entrante y saliente de estudiantes, personal docente e investigador, y personal técnico, de gestión, administración y servicios con universidades israelíes. También, la cooperación científico-técnica con instituciones israelíes, así como varios convenios con universidades del territorio.
Para el TSJA, la Universidad, «bajo el pretexto de su autonomía universitaria», ha dictado un acuerdo «discriminatorio que vulnera, además, la dignidad de la persona en relación con el derecho a la integridad moral de los afectados, a quienes estigmatiza –advierte–, pues, de alguna manera, responsabiliza del conflicto y excluye de la vida universitaria sin ni siquiera conocer cuál es su opinión sobre el estado actual del conflicto».
Sostiene el TSJA que, con ello, la universidad granadina transmite a la opinión pública «una opinión negativa sobre ellos, enfrentándoles de ese modo con el resto de la población y generándoles un peligro», lo que considera «extraordinariamente grave desde una institución educativa tan relevante como es una universidad pública».
«La autonomía universitaria no excluye las limitaciones que imponen otros derechos fundamentales, y consideramos que los pronunciamientos sobre asuntos de actualidad política de las instituciones públicas ajenos a su concreta esfera de competencias, es contrario a derecho si contienen, como es el caso, medidas que vulneran los derechos fundamentales», agrega la sentencia.