El Juzgado de lo Penal número 5 de Granada ha aplazado al 18 de marzo de 2026 el juicio que debía celebrarse este miércoles 29 de octubre contra los tres acusados vinculados a la escape room de Cájar.
De este lugar, una mujer salió abrasada tras ser rociada con un líquido que contenía gasolina y al que, presuntamente, los organizadores prendieron fuego durante el juego.
Los hechos ocurrieron en junio de 2022. La mujer, de 42 años, sufrió quemaduras graves y tuvo que ingresar en la UCI del área de Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Tras el accidente, la escape room suspendió su actividad.
Aplazamiento por enfermedad de un abogado
El juicio se había fijado para este miércoles 29 de octubre, después de que las partes no lograran cerrar un acuerdo en la vista previa. Sin embargo, se pospuso por la enfermedad de uno de los abogados.
La nueva fecha quedó establecida para el 18 de marzo de 2026, según informaron a Europa Press fuentes judiciales.
Fiscalía pide dos años de prisión y una indemnización millonaria
La Fiscalía solicita una pena de dos años de prisión para los tres acusados por un delito de lesiones por imprudencia grave.
También reclama que indemnicen conjunta y solidariamente a la víctima con casi dos millones de euros por las lesiones y los daños sufridos. Según el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, la mujer arrastra secuelas físicas y psicológicas.
Los hechos: una noche de terror en Cájar
Los hechos se remontan a las 22:40 horas del 27 de junio de 2022. La víctima acudió a una vivienda de Cájar llamada Villa Amparo para participar en una escape room “hardcore” junto a otras personas.
Antes del evento, los organizadores les pidieron que llevaran ropa vieja porque podían mancharse. Al llegar, solo les explicaron las reglas del juego: avanzar resolviendo pistas y no tocar objetos no señalados. Nadie les advirtió de posibles riesgos.
El desarrollo del juego
La escape room comenzó en la cocina, donde encerraron a los seis participantes hasta que resolvieron los enigmas para salir.
Luego pasaron a un cuarto de baño, del que también lograron escapar. Desde allí avanzaron por un pasillo que los llevó a un salón y una habitación con una mesa de póker, un armario y un piano. En ese espacio debían resolver nuevas pruebas.
En ese momento aparecieron dos actores, que también figuran como investigados. Se llevaron a uno de los participantes tras ponerle grilletes y lo introdujeron en una especie de ataúd que cerraron con un candado.
Después, uno de ellos agarró a la víctima y le ordenó subirse a una silla. La ataron de manos y le colocaron una soga al cuello. Aunque consiguió liberarse, permaneció inmóvil para no ser descubierta.
El incendio
Uno de los actores le arrojó un líquido desde un bidón. Ella advirtió varias veces que olía a gasolina, pero nadie respondió. Enseguida, uno de los investigados encendió un mechero. La mujer sopló dos veces para apagar la llama, pero a la tercera el fuego prendió.
El acusado salió corriendo y la víctima quedó ardiendo. Lo único que pudo hacer fue quitarse la camiseta mientras su amigo, atrapado en el ataúd, le gritaba “¡rueda, rueda!”.
El humo le impedía ver. Finalmente, uno de los acusados usó un extintor para apagar las llamas, la sacó al exterior y le echó agua. En ese momento llegaron sus compañeros.
Otros participantes también habían sido rociados con el mismo líquido en otra habitación. Según la investigación, los actores pensaban prenderles fuego del mismo modo.
Sin permisos ni medidas de seguridad
El fiscal del caso destaca que los investigados no comprobaron la composición de la mezcla de agua con gasolina.
Además, el tercer acusado, gerente y propietario de la vivienda, permitió la actividad a pesar de saber que no había medidas de seguridad ni formación para los empleados.
La actividad se realizaba sin autorización municipal ni licencia, según el escrito de acusación adelantado por el diario Ideal. En el documento también se menciona la falta de señales, de luces de emergencia, la existencia de puertas y ventanas sin apertura manual o automática y el uso de extintores para incendios eléctricos, no para combustibles.
La acusación particular eleva la pena a tres años
La acusación particular que representa a la víctima pide tres años de prisión para los acusados. También fija la indemnización en 1,9 millones de euros, de los cuales se descontarán los 300.000 ya abonados por la aseguradora. El fiscal se adhirió a esta petición en su escrito.