La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha anunciado este sábado que la formación pedirá al resto de grupos políticos en la próxima Junta de Portavoces que la corporación asuma una declaración institucional para exigir a la alcaldesa Marifrán Carazo una «moratoria inmediata» y la anulación de las sanciones vinculadas a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que están llegando «de manera masiva» a miles de vecinos del área metropolitana y que les está creando «problemas gravísimos» y una «ruina económica».
Según ha notificado la formación en una nota recogida por Europa Press, Ruz ha recriminado que estas sanciones se están emitiendo de forma directa y «sin ningún tipo de notificación previa» debido a que el equipo de gobierno «no ha previsto el personal suficiente» para tramitarlas en tiempo y forma, «por lo que han sido notificadas por vía ejecutiva ocasionando una acumulación de sanciones sin precedentes con cifras astronómicas que supondrán el hundimiento de la economía de miles de familias».
La socialista ha explicado que «al no recibir un primer aviso, muchos conductores han entendido que sus vehículos estaban autorizados y han seguido accediendo a la ciudad con normalidad, pero cuatro meses después se encuentran con una situación dramática que puede provocar el embargo de sus cuentas y hundir a miles de familias que tiene que venir a diario a trabajar a nuestra ciudad».
Al respecto, se ha hecho eco de las denuncias realizadas por los sindicatos «sobre ciudadanos que se están encontrando con multas acumuladas que ascienden a 8.000 euros, sin ningún tipo de notificación anterior».
Al respecto, Ruz ha exigido «sensibilidad» a la alcaldesa a la que le reclama que se anulen los expedientes actuales y se notifique debidamente a las personas afectadas antes de que las deudas pasen a vía ejecutiva. En este sentido, Ruz ha precisado que los sancionados «son vecinos, personas que vienen a diario a trabajar a Granada o a atender a sus padres mayores, a quienes la señora Carazo les está complicando muchísimo la vida».
La portavoz ha ilustrado el «despropósito» de la medida con el caso de un vecino de 80 años que ha recibido miles de euros en multas creyendo que estaba exento. «A esa persona mayor hay que explicarle que tiene que venir al Ayuntamiento, presentar una instancia y hacer una declaración responsable. Es una burocracia que muchas personas mayores no saben cómo afrontar», ha lamentado.
Para Ruz, «la situación actual confirma las advertencias que llevamos realizando meses, ya que la implantación de la ZBE de la señora Carazo no tenía ni pies ni cabeza y ha provocado exactamente lo que advertimos».
Asimismo, la líder de la oposición ha precisado que «una administración tiene que ayudar a la ciudadanía. Lo que no puede ser es generar la ruina económica a las familias y crearles problemas gravísimos simplemente porque el propio gobierno municipal no ha sabido cómo gestionar una medida buena para Granada, que bajo el mandato de Carazo se ha convertido en un despropósito y en una auténtica pesadilla».
Para concluir, la socialista ha avanzado que intentará «por todos los medios convencer al viceportavoz Saavedra de que eleve la propuesta de declaración institucional a la alcaldesa de Granada».